• LPSL

Un juzgado condenará a padres de enfermos mentales y adolescentes

Como si tener una enfermedad mental o una disfunción social en la adolescencia fuera lo mismo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional a cargo de María Itatí Zudaire, con jurisdicción en los departamentos Pueyrredón, Pringles y Belgrano ha establecido una norma que sancionará a padres de enfermos mentales y adolescentes entre 16 y 18 años que la Justicia considere cometen ilícitos en la vía pública, o en el caso de los enfermos su sola presencia en vía pública.

La normativa contravencional resulta un tanto confusa, primero por situaciones completamente distintas y segundo, porque la Provincia con la externalización compulsiva de enfermos mentales y el cierre de programas para niños y adolescentes en situación de calle o que presentan problemas de socialización inmanejables para sus familias, no da ningún otro apoyo más que las familias sustitutas.

Según lo informado por el Juzgado de Zudaire, los tutores serán sometidos a un proceso en el Juzgado Contravencional que aplicará sanciones que van desde multas de bajos montos hasta horas de trabajo comunitario. No se explicó si a la vez se aplicará alguna medida para la resocialización de los adolescentes que cometan contravenciones en la vía pública, talleres de sensibilización, etc. Tampoco si se aplicarán otra medida más que sanciones en casos de contravenciones provocadas por adolescentes con patologías como adicción a las drogas, temática que prácticamente no tiene lugares de tratamiento en la provincia de San Luis y deja a los padres a su suerte por un flagelo que es social.

En el caso de los enfermos mentales, el Juzgado también descarga toda la responsabilidad en los padres o tutores sin tener en cuenta que muchas veces esos enfermos son adultos con padres y madres ancianos, y presentan enfermedades imposibles de contener en un ámbito familiar sin apoyo profesional y sin seguimiento, y han sido obligados a sostenerlos en su casa por el Gobierno provincial.

La sociedad actual está construida sobre un concepto utilitarista de la fuerza de trabajo de las personas. Padres que deben trabajar ambos para sostener un hogar y deben dejar muchas horas solos a sus hijos, una gran mayoría en barrios vulnerables donde los chicos están expuestos a un mal clima social donde el Estado no interviene adecuadamente, deberán hacerse cargo de todos los problemas causados por sus hijos argumentando el concepto de  “falta o incorrecto de ejercicio en el ejercicio de la responsabilidad parental”.

El Código Contravencional  Ley Nº VI-0702-2009 sostiene en el artículo 64 “contravenciones contra la seguridad colectiva” que será sancionado con trabajo comunitario de 5 a 15 días o multa de 100 a 500 Unidades “la omisión de vigilancia por parte de los padres, tutores y todos aquéllos que tengan bajo su guarda a menores de edad como conducta facilitadora y/o permisiva de los delitos cometidos por éstos”.

Quienes recorren los juzgados saben de padres que llegan desesperados por delitos cometidos por sus hijos, expresando a las autoridades que les imposible contenerlos. Siempre se trata de sectores vulnerables y barrios conflictivos, donde el clima social no es saludable para la crianza de los chicos. Pareciera que la única salida no es la reinserción a través de la contención familiar y de los sujetos sino la sanción al actor y a sus tutores sin acercar ninguna herramienta que permita cambiar la situación al adolescente o la familia.

No estamos hablando del vandalismo de adolescentes clase media como el provocado recientemente por algunas promos de secundario que sería anecdótico para sus familias pagar una multa o hacer horas de servicio comunitario, el problema real con esta medida la tienen las familias con situaciones crónicas con u no de sus miembros y que no tienen medios ni apoyo del Estado.

Un párrafo aparte merece lo expresado por el Juzgado con respecto a los enfermos mentales: “en el caso de los que están encargados en la custodia de las personas que antes llamaban enajenados y que actualmente se conocen como aquellas que tiene la capacidad restringida, por ejemplo, los enfermos mentales, que los dejen vagar por las calles y que representan un peligro para sí y para terceros”. Si un enfermo  mental es un peligro para sí y para terceros, no se entiende como la Justicia y el Estado permiten que sea un peligro para sí mismo y su propia familia teniéndolo externado y sin contención adecuada.

La policía es el organismo que decidirá que en un caso particular de contravención en vía pública por un menor adolescente o por personas con enfermedades mentales, se envíen los sumarios al Juzgado de Familia en el caso de los menores y otro al Juzgado Contravencional para los padres para iniciar las causas.

El proceso penal del menor corre aparte del realizado contra los padres, que serán citados para anoticiarle las sanciones, deben contratar un abogado para ejercer su defensa y en un plazo de diez días el Juzgado decide las penas.

No hubo ninguna mención a instancias de participación de organismos de Salud, de índole social ni de contención gubernamental para familias con menores problemáticos o enfermos mentales para evitar reincidencia o reinserción social.