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Se efectuó la denuncia penal por la muerte de un detenido en la penitenciaría provincial

Los abogados de la familia de Diego Ernesto Gil, fallecido por falta de atención médica durante su prisión preventiva, esto significa que no tenía condena, en el servicio penitenciario provincial, radicaron la denuncia en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 de la ciudad de San Luis.

La denuncia penal es por abandono de persona seguida de muerte y abuso de autoridad contra el joven de 34 años que se encontraba alojado en el pabellón de “buena conducta” y falleció el jueves pasado.

Los letrados sostuvieron en su denuncia que el fallecimiento de Gil fue una muerte en custodia, es decir, que la responsabilidad por la vida y la salud del interno dependían del Estado provincial, que le fue solicitada la atención médica a las autoridades y le fue negada a pesar de que mostraba problemas para respirar y mal estado general por la neumonía que sin tratamiento a tiempo le cobró la vida.

Los testigos y familiares afirmaron que el preso fue sometido a un castigo cuando pidió atención médica, lo trasladaron a una celda de castigo durante cinco días, desnudo y a bajas temperaturas, y sin atención de ninguna clase lo que agravó su estado de salud. Dejar a una persona sometida a las bajas temperaturas y denuda es una tortura, prácticas que ya se vieron en el maltrato y humillación a menores en las cárceles puntanas que se filtraron años atrás y parece que no ha cambiado en nada.

Ernesto Gil fue trasladado ya en grave estado el lunes pasado al Complejo Sanitario San Luis, contó su madre, Yolanda Bengolea. Lo llevaban en una silla de ruedas, desnudo y apenas cubierto con una sábana. El diagnóstico fue un grave cuadro pulmonar y falleció la misma semana en esa institución de Salud.

Desde el Ministerio de Seguridad y el área de servicios penitenciarios salieron a despegarse del abandono de persona esgrimiendo que Gil padecía HIV y que la enfermedad era terminal. Uno de los abogados de la familia, Ricardo André Bazla dijo que la familia no estaba en conocimiento de que fuera portador de HIV y que así hubiera sido con más razón actuaron en abandono al someterlo a un castigo físico y de aislamiento en esas condiciones y al no brindarle urgente atención médica

Los abogados Bazla y Lucio Pereira que representan a la familia de Ernesto Gil solicitaron al juez Ariel Parrili, “brinde especial atención a las responsabilidades funcionales de los Jefes del Servicio Penitenciario Provincial; al personal que ejecutó las órdenes de sus superiores y al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de San Luis” como responsables de la muerte del interno bajo su tutela.