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Reactivarían denuncias por enriquecimiento ilícito contra los Rodríguez Saá

La iniciativa del macrismo de impulsar en el Senado la votación de la Extinción de Dominio en las causas donde existen indicios o certezas de que funcionarios y ex funcionarios aprovecharon su condición de tales para enriquecerse de manera ilícita, puso al descubierto el temor de los hermanos Rodríguez Saá de que la medida los alcance directamente a ellos, dado que desde hace más de treinta años encabezan la lista de políticos con mayor cantidad de denuncias por corrupción en el país.

El peligro de una segura embestida a través de la figura de la Cosa Juzgada Irrita desvela a los hermanos y no les permite alejarse del poder.


Amparados en un Poder Judicial provincial y federal sometido de manera vergonzante, los hermanos Rodríguez Saá se aseguraron que las denuncias por la venta indiscriminada de decretos de radicación industrial y también por el robo descarado a través de la obra pública nunca prosperaran. Fue así que la investigación de la denuncia radicada en febrero de 1990 por Juanjo Laborda y Arturo Petrino, fue cerrada a los siete meses por el entonces juez Guillermo Levingston, a quien previamente los hermanos le agitaron a través del Diario de la República una causa por la tenencia de un auto mellizo.

En 2001 Juanjo Laborda insistió con otra denuncia, esta vez ante la Justicia Federal, pero la causa luego de peregrinar por algunos juzgados del país, recayó en manos del juez federal de San Luis, Juan Carlos Maqueda, quien declaró la prescripción.


En la denuncia de 1990 uno de los ejes era el armado de empresas constructoras que obtenían contrataciones directas del Estado y en cuyos directorios figuraban parientes directos de Rodríguez Saá. Ante el escándalo nacional generado por las denuncias de Miguel Wiñazky y de Jaime Emma, los Rodríguez Saá entonces desactivaron las constructoras Metalcivin, Infra y Vimeco, y trasladaron el negociado de la sobrefacturación a la empresa Rovella y Carranza.

Todas las empresas constructoras ligadas a los Rodríguez Saá aparecieron en 1996 como deudoras del Banco Provincia con cifras multimillonarias, pero entonces desde el gobierno se aseguraron que desaparecieran las pequeñas (y no tan pequeñas) empresas que habían crecido con la construcción del parque industrial y que a partir del año 2001 solo quedaran Rovella, Green y Alquimaq como beneficiarias de la cartelización de la obra pública.


Rovella y Carranza hasta 1991 no existía como empresa y no contaba con equipamiento de ninguna naturaleza, sin embargo los dos arquitectos recién recibidos fueron elegidos por el gobierno de manera directa para construir el Monumento al Pueblo Puntano, en Las Chacras. La explicación de esa meteórica irrupción llegaría 5 años después cuando el nombre de la ya potente empresa constructora apareciera entre los deudores morosos del Banco Provincia con una cifra cercana al millón de dólares.

El Banco Provincia, hasta que Domingo Cavallo les impuso a los Rodríguez Saá su privatización, fue la caja política desde donde los hermanos obtuvieron el dinero para dominar el manejo de la economía provincial. El banco fue una permanente fuente de escándalos, desde que en 1987 el dirigente del PJ Agustín Montiveros denunció que más del 80 por ciento de la cartera de morosos eran parientes y amigos de los Rodríguez Saá. El Adolfo retrucó a través del Diario con una lista filtrada donde solo aparecían como deudores dirigentes de la oposición y empresarios, pero ante la falacia, alguien desde adentro le hizo llegar al dirigente Cortés Aparicio la lista complementaria oculta donde sí figuraban más de veinte nombres entre los que aparecían Marcos Salino, Luis Marrero y sus hijos y Lilia Novillo, como así también la madre de Adolfo y Alberto.


El caso de la actual ministra del Superior Tribunal fue realmente obsceno, porque la entonces joven dirigente del PJ sin ningún tipo de respaldo económico había obtenido un préstamo de 600 mil dólares que nunca pagó. Con la hiperinflación la cifra llegó casi a los tres millones pero entonces Rodríguez Saá le perdonó la deuda a cambio de que el entonces marido de Novillo limpiara y nivelara un terreno del Banco valuado en tan solo 16 mil dólares.


Los escándalos de corrupción en el Banco Provincia continuaron y entonces los Rodríguez Saá se inventaron la ficción de que escrachando cada tanto a los deudores, ellos quedaban despegados del manejo corrupto de una de las principales entidades crediticias de la provincia. Desde el 87 en adelante Hugo Hissa apareció en todos los listados y en todas las épocas, sin embargo y paralelamente el hasta no hace mucho intendente de Trapiche aparecía abrazado con Alberto Rodríguez Saá en el manejo de la aventura del GEPU, que terminó plagada de denuncias de corrupción.


En 1992 Jaime Emma denunció que como abogado de la Caja Social, cada vez que se le presentaba un problema que implicaba el movimiento de grandes sumas de dinero la orden del Adolfo era: que se ocupe Hugo Hissa. En 1997 Hissa, que hasta entonces había sido apoderado de los hermanos Rodríguez Saá y miembro del directorio del Diario, apareció en una cámara oculta realizada por el estudio Moreno Ocampo y pagada por el gobierno de Mendoza, tratando de coimear a presuntos industriales interesados en radicarse en San Luis.

La intención del gobernador Arturo Lafalla era demostrar que San Luis era una especie de paraíso fiscal al que todas las demás provincias le subsidiaban el enriquecimiento de los nuevos ricos enquistados en el gobierno. Por esos años Hissa también fue denunciado por la cancillería y por la embajada norteamericana por una estafa por cinco millones de dólares contra la empresa Procter And Gamble, de la que Hissa hasta entonces había sido apoderado.


El Diario de la República siempre se victimizó y argumentó que como los Rodríguez Saá en apariencia estaban enfrentados al menemismo, la DGI los acosaba. Sin embargo la realidad era distinta, porque la empresa Marzo, antecesora de Payné, era beneficiaria del sistema de promoción industrial y entonces a partir de ese régimen los Rodríguez Saá no se privaron de cometer una variada gama de latrocinios contra el fisco.


Con los hoteles las operaciones de los Rodríguez Saá fueron similares a las ejecutadas con las empresas constructoras. Cuando a partir de la compra de hoteles arreciaron las denuncias de corrupción, entonces desactivaron esas empresas sin siquiera indemnizar a los empleados y aparecieron entonces casinos y hoteles de lujo en localidades pequeñas a nombre de sociedades anónimas. Hace poco una funcionaria del gobierno, furiosa por las críticas de un ex periodista oficialista devenido en opositor dijo: qué se hace tanto el independiente este si vino a San Luis como locutor de los casinos.