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Radicación Industrial: Los Rodríguez Saá entre los sobornos de ayer y la desocupación de hoy

En la desesperación por recuperar terreno luego de la derrota en las PASO del año pasado, Adolfo Rodríguez Saá salió a agitar el viejo caballo de batalla de la Radicación Industrial. Si bien los Rodríguez Saá desde 1983 se adueñaron de la promoción industrial, esa política fue gestionada por el gobierno de Elías Adre, implementada por la dictadura y luego usufructuada por la familia Rodríguez Saá y su entorno de allegados, quienes a causa del cobro de sobornos obscenos muestran hoy un descomunal enriquecimiento.


Rodríguez Saá insiste en hablar de la promoción industrial en tiempo presente, cuando en realidad del San Luis industrial de los 80 y mediados de los 90 no queda prácticamente nada, no solo porque la radicación industrial significó para el Estado Nacional el quebranto impositivo que, incluso, empujó la caída de Alfonsín, sino también por la constante sucesión de denuncias que señalaban a los Rodríguez Saá y sus allegados como los cobradores de sumas escandalosas para otorgar los permisos para que empresarios de otras provincias evadieran impuestos colocando solo las etiquetas de productos fabricados fuera de la provincia.


Se hablaba entonces de las “fábricas con rueditas” que desmentían aquel inmenso cartel ubicado en la entrada de la Ciudad de San Luis que anunciaba 500 nuevas empresas y 25 mil puestos de trabajo. Liquidada la radicación industrial por sucesivas leyes del Estado Nacional, los Rodríguez Saá en sus permanentes quimeras presidenciales continuaron pregonando que San Luis era una provincia industrial donde sobraba trabajo y de ese modo fomentaron la migración de familias enteras que llegaron a la provincia sin encontrar el trabajo y la casa prometida.


Familias enteras venidas desde otras provincias descubrieron que las promesas del Adolfo y del Alberto eran un espejismo que solo existía en la imaginación de los hermanos, quienes alternan de manera sistemática en intentos presidencialistas fallidos, carísimos para el Estado y también para el electorado que hoy solo tiene como alternativa de vida la sumisión a planes sociales sujetos a la permanente amenaza de que el ingreso se acaba si los Rodríguez Saá no ganan la próxima elección.


Las preocupantes declaraciones efectuadas la semana pasada a La Gaceta por el Ministro Sergio Tamayo, quien reconoció que en la provincia hay 20 mil beneficiarios de planes sociales que cobran sin trabajar, dejan en evidencia que en San Luis los índices de desocupación desde hace dos décadas superan con creces los indicadores nacionales.


Los Rodríguez Saá, que ahora decidieron no creerle al INDEC, durante dos décadas se basaron en mediciones dibujadas que ubicaban a San Luis entre las provincias con menos desempleo. Durante los primeros años de la radicación industrial entre los 80 y 90 Adolfo Rodríguez Saá produjo un achicamiento del Estado, que reconvirtió empleados públicos en comerciantes u obreros industriales; pero en 2004 todos los eslogan electoralistas del Adolfo se vinieron a pique cuando el gobierno tuvo que reconocer que en ese momento 45 mil puntanos no tenían trabajo y que si entonces el Estado Provincial no encontraba una solución inmediata, la provincia se incendiaba.


Alberto Rodríguez Saá regresado de su casi exilio político autoimpuesto luego del escándalo del hotel alojamiento protagonizado por su hermano, encaramaba en la gobernación como el hacedor del Plan de Inclusión Social, que no era otra cosa que un subsidio de desempleo para mantener calmo el reclamo de una inmensa masa de desocupados expulsados por el parque industrial, que ya en ese entonces se había reducido de manera estrepitosa.


Pasaron casi 14 años sin que el Estado Provincial encontrara una solución al problema del empleo porque los beneficiarios del PIS fueron raleados de a poco de la administración pública sin que estos consiguieran insertarse de nuevo en la economía, mientras que un remanente de casi la mitad de aquellos 45 mil planes de 2004 fueron derivados al Estado Nacional cuando el kirchnerismo implementó la Asignación Universal por Hijo.


En San Luis crecieron de manera ostensible los asentamientos y el trabajo precario compuesto de changas y rebusques que no constituyen empleo formal y que determinaron que, de nuevo, luego de la derrota de los Rodríguez Saá en las PASO, el gobierno tomara nota del descontento masivo del electorado y reformulara el Plan de Inclusión de 2004 y lanzara un plan de becas, no ya con 45 mil beneficiarios sino con casi el doble de esa cifra, quienes durante todos los días hábiles del mes hacen interminables colas al sol para cobrar 7500 pesos en el Banco Superville.


La semana pasada Alberto Rodríguez Saá, ensayó una falsa autocrítica y en el apuro de encauzar la bronca latente originada en la falta de trabajo para los jóvenes, anunció que la provincia en los próximos meses producirá 60 mil programadores informáticos en la ULP, una cifra que casi triplica el eslogan de los 25 mil puestos de trabajo de la radicación industrial. Las preguntas que surgen a partir del anuncio del gobernador son: “Es tan fácil formar programadores con un curso dictado por Alicia Bañuelos?” y la segunda pregunta es “¿para que trabajen dónde?”.