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La historia detrás de la carta a Massera y las simpatías militares de los Saá


En el diario Página 12, Mempo Giardinelli en la nota titulada “ADN macrista, genocidas y una esperanza en San Luis” analiza lo que puede llegar a ser el encuentro del peronismo en La Pedrera. Cuando Rodríguez Saá a mediados del año pasado se acercó a Cristina Kirchner, luego de combatirla con los peores argumentos, quedó claro que el Alberto calcula que la ex Presidenta está más cerca de la cárcel que de una nueva postulación. Ahora, erigido en anfitrión para el encuentro en el absurdo estadio de La Pedrera el gobernador pretende sentar sus reales y marcarles la cancha a todos aquellos que tuvieran alguna pretensión presidencial.


Los Rodríguez Saá siguen vendiendo en el país un modelo que si alguna vez existió, fue efímero y se evaporó junto con la radicación industrial, dejando tras de sí un tendal de pobreza, empleados públicos mal pagos y 80 mil beneficiarios viviendo de planes sociales en una provincia con un poco más de 400 mil habitantes.


La nota de Giardinelli desde el título es un poco maniquea porque ubica a los genocidas corridos hacia el ADN macrista y pone la esperanza del otro lado. Pero con los Rodríguez Saá pretendiendo erigirse en salvadores de la patria, el peso de la Carta a Massera desbarranca el razonamiento de Giardinelli.


Para sumar argumentos a la columna del debe, el Tribunal Oral Federal de San Luis anunció que pasada la feria judicial de invierno comenzará con el debate oral para juzgar por delitos de lesa humanidad a Eduardo Allende, quien durante la dictadura militar ejerció como juez federal y según testimonios de familiares y víctimas de la represión ilegal omitió investigar los númerosos hábeas corpus interpuestos ante la desaparición de militantes políticos. Eduardo Allende es el padre del actual Fiscal de Estado de San Luis.


Otro de los acusados que irá a juicio es Alberto Camps, un teniente coronel retirado que fue detenido mientras era funcionario del gobierno de Alberto Rodríguez Saá y que durante la dictadura era teniente. Camps está señalado por numerosos testimonios de testigos como uno de los oficiales que participó del secuestro de militantes políticos en San Francisco, Luján, Quines y Candelaria.


Tres años antes del golpe de Estado Adolfo Rodríguez Saá como diputado provincial encabezó el hostigamiento hacia el gobierno de Elías Adre acusando al gobernador y a su gabinete de pertenecer a la guerrilla de Montoneros, acusación que fue más que suficiente como para que la dictadura luego encarcelara a Adre y su hijo junto al resto de los funcionarios.


Los fatídicos años 70


El 25 de mayo de 1973 Héctor J Cámpora fue electo Presidente y Elías Adre fue Gobernador, Adolfo Rodríguez Saá fue electo como Diputado Provincial. Los Rodríguez Saá siempre fueron inescrupulosos a la hora de construir poder, pero en 1973 la situación de debilidad política en la que se encontraban no les permitía ser una amenaza para Adre. Finiquitados los 40 días de Cámpora en el poder y aliados con Oraldo Britos, que en ese momento era Diputado Nacional, los hermanos comenzaron con un ataque frontal contra el Gobernador de la Provincia, quien siempre surfeó políticamente de acuerdo con el vaivén del peronismo, que en esa época más que vaivén era un torbellino.


Adre ni bien asumió fue apoyado por el sector radicalizado de la Juventud Peronista, cuyo representante más destacado fue el Ministro de Gobierno, Julio Everto Suárez, conocido también como el Run Run. El gobernador entonces durante ese breve lapso se amoldó a las circunstancias derivadas de la Patria Socialista, pero ni bien Cámpora fue desplazado, Adre entonces acató los lineamientos de Juan Domingo Perón, que eran diametralmente opuestos a los de Cámpora, la Juventud Peronista y la guerrilla de Montoneros.


A mediados de febrero de 1974 la Policía Federal allanó un campo en el departamento San Martín y encontró allí elementos que indicaban que en ese lugar la guerrilla realizaba ejercicios militares. Naturalmente que el escándalo que la noticia suscitó en los medios de prensa determinó que el mismo Adre saliera a dar explicaciones y Julio Suárez fue interpelado. La grandilocuencia de la noticia instaló en el imaginario colectivo que el campamento encontrado era similar a alguno reciente de las FARC, pero la descripción del hallazgo para nada se condice con los titulares de los diarios, ya que la Federal solo encontró algunos blancos con huellas de disparos, seis carpas que con capacidad para albergar 60 personas, dos camionetas e instrumental quirúrgico.


En el allanamiento la Federal detuvo a cinco parroquianos, pero no encontraron a Raúl “Toto” Orellano que era señalado por los servicios como el responsable del campamento y quien recién fue capturado una semana antes del golpe. Los mismos diarios de la época repiten versiones de la policía y aseguran que los cinco detenidos no eran los guerrilleros que esperaban encontrar y que solo representaban un grupo de apoyo a la presunta milicia.

La noticia del campamento guerrillero y la presencia del Run Run Suárez en el gabinete de Adre les dejaron en bandeja a los Rodríguez Sáa el argumento perfecto para sacar del medio a Adre e intentar apoderarse del gobierno. Pero Adre, que junto a Obregón Cano, Oscar Bidegain, Miguel Ragone, Martínez Baca y Jorge Cepernic eran señalados como gobernadores permeables a la “infiltración marxista”, fue el único que gobernó hasta el 24 de marzo de 1976, porque Ragone fue asesinado, a Obregón Cano la policía le hizo un golpe de Estado y luego mataron a Atilio Lopez que era su vicegobernador, Cepernic fue destituido, Oscar Bidegain fue reemplazado por Victorio Calabró y Martínez Baca fue suspendido.


La estrategia de Adre fue simple y siempre se allanó al mandato que el verticalismo peronista disponía. Con la izquierda Camporista, Adre simpatizó con la Juventud Maravillosa, pero con Perón en el Gobierno y con la guerra desatada contra la Tendencia Revolucionaria, el gobernador de San Luis cambió un poco y tres días después del asesinato de Rucci, tres diputados del bloque encabezado por Adolfo Rodríguez Saá armaron una opereta donde simularon la renuncia a las bancas.


En medio de la conmoción por el asesinato del líder sindical, Adolfo Rodríguez Saá, Víctor Manuel Novillo y Jorge Niño aprovecharon la oportunidad para acusar a Adre de montonero y anunciaron que renunciaban. El problema de los tres jóvenes diputados es que les aceptaron la renuncia y entonces saltó a la luz la picardía, porque en realidad no estaban renunciando a las bancas sino a las presidencias que cada uno de ellos ejercía, dado que Rodríguez Saá era Presidente del Bloque de Diputados del PJ, Novillo era Presidente de la Cámara y Jorge Niño era Presidente de un organismo al que denominaban la Cámara Joven. El diario Impulso de ese día destacó en un recuadro que los tres legisladores renunciaban a los cargos pero mantenían las dietas.


Adre mantuvo bajo perfil y en la superficie ignoró los embates histéricos de Rodríguez Saá quien usaba como mascarón de proa a Oraldo Britos. Adre ni siquiera los nombraba a los cinco diputados rebeldes (los tres ya nombrados más Dante Tomás Ferrara y José María Roca) y se refería a ellos como los “miembros de una minoría insignificante”, pero tres días después del 1 de mayo de 1974 -recordado como el día que Perón echó a los Montos de la plaza- Adre no tuvo más remedio y entonces le pidió la renuncia al Run Run Suárez.


Con Perón ya fallecido y con Isabel en el gobierno, Adre se deshizo en elogios para con la Presidenta y obtuvo de ella el reconocimiento como líder indiscutido del peronismo puntano. Según Ceferino Reato en el libro Disposición Final, Elías Adre y Carlos Menem fueron los dos gobernadores que el 23 de marzo de 1976 por la noche se comunicaron con Isabel Perón para avisarle que en ambas provincias el Ejército tenía todo preparado para iniciar el golpe.


Isabel Perón no estaba preparada para afrontar la presidencia del país más aun con el caótico enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista. Isabel entonces tomaba extensos períodos de licencia y el reemplazante de la viuda de Perón durante esos periplos fue Ítalo Lúder, quien era alentado por Videla y Massera para que se dicidiera y reemplazara de facto a la Presidente sin que ellos tuvieran que dar el golpe. Reato reproduce las declaraciones que el dictador Jorge Rafael Videla efectuara en la prisión militar de Campo de Mayo, donde puntualizó que “Un sector importante del peronismo propiciaba una salida que satisfacía a las Fuerzas Armadas: el reemplazo de Isabelita por el Presidente Interino, Ítalo Luder, quien como titular del Senado era el segundo en la línea de sucesión”. Unos párrafos antes Videla asegura que ni bien fue designado como Jefe del Estado Mayor, comenzó a recibir a políticos y empresarios que intentaban saber su parecer acerca del momento que se vivía en el país y que se ofrecían a integrar el gobierno militar en caso de que hubiera un golpe.


Esa disputa dentro del peronismo de conoció como Verticalistas contra Antiverticalistas. Los Verticalistas, entre los que se encontraba Adre, sostenían que los problemas del peronismo se debían resolver de acuerdo con una cadena de mandos cuya cúspide era ejercida por Isabel. Los Antiverticalistas, entre los que se encontraban Oraldo Britos y Adolfo Rodríguez Saá, por el contrario simpatizaban con la iniciativa de Videla y Massera de apartar a la viuda de Perón para dejar el gobierno en manos de Lúder quien, si era necesario, anularía el Congreso y sería “guiado” por los militares.


En el libro de Reato, Videla hace una autocrítica y sostiene que probablemente el golpe fue un error, porque con los decretos de aniquilación de la subversión de febrero y octubre de 1975 los militares tenían más de lo que necesitaban para eliminar a los guerrilleros y también a quienes no lo eran. Sin embargo Videla rescata como un “acierto” del golpe de Estado, el hecho de que a partir del 24 de marzo de 1976 la represión ilegal pudo introducirse en los sindicatos, en las empresas y en el sistema educativo.


La carta a Massera



Alberto Brito Lima, el líder del Comando de Organización, una célula de extrema derecha que fue acusado como uno de los perpetradores de la Masacre de Ezeiza, era un habitué en el aeropuerto de San Luis cuando Adolfo Rodríguez Saá en 2003 aspiraba a volver a la presidencia luego del breve y controvertido periplo de los cinco días de diciembre de 2001. Quienes no hilvanan esta serie de sucesos no entienden de qué trata la fatídica carta que Alberto Rodríguez Saá le envió al siniestro almirante Emilio Eduardo Massera y se detienen entonces en el dato de que un gobernador “democrático”, dos años después de instaurada la dictadura más feroz de la historia argentina juntó las firmas de un grupo de notables para denunciar como guerrilleros a un grupo de personas, de los cuales uno fue asesinado y dos fueron cruelmente torturados.


En 1978 ya se sabía que durante los dos años anteriores la represión ilegal había arrasado con los sectores contestatarios que se oponían al neoliberalismo. Según los datos recogidos en los juicios de lesa humanidad durante 1976 y 1977 se produjeron en la argentina la mayor parte de los secuestros, torturas y desapariciones. Basta consultar los diarios en los archivos históricos para dimensionar la magnitud del genocidio que vivió la Argentina en esos años y el cambio de época que representó el mundial de fútbol de 1978.



Fue entonces que Alberto Rodríguez Saá, entre otros, junto a Tomás Dante Ferrara y Jorge Niño (dos de los diputados compinches de su hermano en la cruzada antimontoneros contra Adre) le enviaron una carta a almirante Massera en defensa de un personaje que hasta entonces había ejercido como fiscal en la Justicia Provincial, pero que había sido encarcelado por la misma dictadura luego de que fuera denunciado por la comisión de varios atentados con bombas, un homicidio y diversos robos.


El Fiscal Carlos Jesús Rodríguez es un personaje olvidado por la historia a punto tal que hasta hace poco la justicia de San Luis lo daba por muerto. Sin embargo “El Fiscalito”, tal era el apodo con el que se lo conocía luego de ser “indultado” en 1978 por el general Juan Saa con la complicidad de los jueces recientemente destituidos Luis Miret y Otilio Romano, se mudó a Santa Fe donde se camufló como periodista y trabajó como empleado de la Cámara de Diputados de esa provincia.




Carlos Jesús Rodríguez lideraba una célula de extrema derecha que, orientada ideológicamente por el entonces Obispo Juan Rodolfo Laise, asesinó a un joven al que acusaban de proxeneta y le colocaron una bomba a un abogado que había denunciado al funcionario judicial por privación ilegal de la libertad y torturas.



Rodríguez había llegado a San Luis desde Córdoba recomendado por el brigadier Orlando Capellini, luego de que la dictadura pusiera en comisión a los jueces locales. Fue entonces que “El Fiscalito” sacó fiado un 0km en una concesionaria y luego se negó a pagarlo. Arturo Negri, dueño de la concesionaria y que con la vuelta de la democracia resultara electo como diputado nacional por el radicalismo, reclamó el pago, pero Rodríguez le advirtió que mejor se olvidara del tema porque de lo contrario él se encargaría de denunciarlo por montonero.

Negri no aflojó con las intimaciones y fue entonces que Rodolfo Jesús Arce, un servicio de inteligencia de la policía de Córdoba que en 1973 había sido chofer de Mauricio López en la UNSL, secuestró a Negri y, en el baúl de un Torino, lo trasladó a Córdoba donde el empresario fue torturado casi hasta la muerte. Negri fue salvado por el Jefe del GADA de San Luis, el teniente coronel Juan Carlos Moreno, quien alertado por la familia del secuestrado se comunicó con Luciano Benjamín Ménendez y este dio orden de que lo liberaran. Cuando Negri denunció el secuestro y las torturas ante el Jurado de Enjuiciamiento, a los 5 días a su abogado la banda del fiscalito le voló la casa con una bomba.



La banda integrada por el Fiscalito, Roberto Arce, Luis Saiz y Hugo Velásquez fue encarcelada, pero de inmediato Rodríguez recibió trato preferencial y zafó, mientras que los otros tres en 1980 fueron condenados a reclusión perpetua. Arce, Velázquez y Saíz durante el juicio protagonizaron una serie de disturbios tanto dentro en la sala de juicios orales como en la penitenciaría y al Juez Robledo cómplices de los detenidos le balearan el auto, razones más que suficientes para que los tres delincuentes fueran trasladados a la Cárcel de Devoto, desde donde luego en 1986 se comunicaron con el juez González Macías ofreciéndose a declarar como testigos en la causa por la desaparición de Graciela Fiochetti.

Arce es el único de los tres reos que un sobrevive con una gomería en la Avenida Lafinur, pero en el pasado reciente, en sociedad con el abogado Rolando Contreras (también sindicado como servicio de inteligencia por Marta Pelloni) ambos fueron candidatos por el menemismo siempre enfrentados a Alberto Rodríguez Saá, a quien Arce señala como el causante de sus desgracias, ya que el actual gobernador firmó la carta a Massera pidiendo por el Fiscalito Rodríguez, abandonando a su suerte al resto de la banda.


Alberto Rodríguez Saá siempre intentó negar la carta pero Arturo Negri, uno de los torturados a raíz de la buchoneada del actual gobernador, en 2008 durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad en cuyo aportó ante el Tribunal Oral una copia certificada. El actual Intendente de San Luis Enrique Ponce en ese juicio fue abogado querellante y en su testimonio Negri relató la situación que vivió cuando cruzó en la calle a uno de los firmantes, lo acusó a los gritos y el interpelado avergonzado y en silencio bajó la cabeza y se fue.

Rodríguez Saá en 2008 designó como ministro de Gobierno al coronel retirado Guillermo Gustavo López quien fue cuestionado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, luego de que López en rueda de prensa reivindicara su participación en el Operativo Independencia. Página 12 en aquel momento indagó en el pasado del entonces ministro de Gobierno del Alberto y determinó que “El coronel pertenece a la Promoción 103 del Ejército, una camada en la que se distinguen varios uniformados acusados por delitos de lesa humanidad. Los nombres del teniente coronel Paúl Alberto Navone, quien aparentemente se suicidó hace dos semanas en Córdoba antes de declarar en una causa por robo de bebés; Alejandro Duret, quien está preso en Marcos Paz acusado del asesinato de un militante de la Juventud Peronista en Azul; Juan Daniel Amelong y Horacio Losito, quienes están siendo juzgados por la represión en la zona del II Cuerpo de Ejército. También formó parte de esa camada, Guillermo César Viola, titular de la Unión de Promociones, la corporación castrense que reivindica los años de plomo y tiene entre sus abanderadas a Cecilia Pando”.

Para sumar aún más simpatías militares al gabinete de Rodríguez Saá, el marido de la polifuncionaria Alicia Bañuelos, un ex militar fanático de las armas, conserva como souvenir en la estancia familiar de La Carolina, un Jeep de los que usaron las fuerzas armadas en el Operativo Independencia.