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Otro femicidio en San Luis, la mujer había hecho denuncias previas

Nuevamente un caso de violencia de género estremece a San Luis. Un ex penitenciario provincial de 55 años, Edgar Amaya, asesinó a Dalinda Quevedo de 53 años, y luego se suicidó en el camino al paraje El Retamo, cerca de la localidad de Quines.

Al tratarse de un ex penitenciario, la pregunta sobre cuánto incidió la posición corporativa de las fuerzas de seguridad en no atender las denuncias de Dalinda Quevedo, es inevitable. También la escasa formación contra conductas que perpetúan la violencia de género en miembros de estas fuerzas, y la total parsimonia para actuar de las comisarías que no están preparadas para atender a las víctimas ni trabajar en prevenir estos desenlaces trágicos.

Edgar Justiniano “Guito” Amaya fue encontrado primero, en su auto, donde se efectuó cortes en sus brazos y murió desangrado. Ante la ausencia de su pareja y con el historial de violencia de Amaya que era ya conocido por la policía del lugar, imaginaron lo que había ocurrido y comenzaron a buscar el cuerpo de Dalinda Quevedo a quien todos consideraban muerta por esas horas. Una verdadera crónica de una muerte anunciada que nadie evitó.

La mujer era empleada del hospital de Candelaria y había realizado reiteradas denuncias en la Comisaría 15°, algunas habían sido desestimadas por ella misma y otras siguieron curso judicial. No hubo apoyo de nadie para Dalinda a pesar de que había denuncias, nadie de la Secretaría de la Mujer se acercó para ayudarla a resolver una relación violenta y alejarse del violento perpetrador de su asesinato. Todos dejaron que las cosas estallaran.

La pareja tenía una relación conocida por sus peleas, tenían tres hijos de entre 14 y 24 años. Cuando la violencia familiar se toma como algo de “puertas adentro” o como la forma de comunicación natural de algunas familias, se está abonando este tipo de desenlaces fatales.

Toda violencia familiar debe ser detenida, interrumpida en su espiral que siempre va en aumento; las áreas del Estado provincial y la Justicia deben instrumentar elementos para contener y ayudar a las personas que no están pudiendo resolver por sí solas problemas de violencia o ira que pueden afectar la vida de terceros y la propia.

Una vez más el Estado no vio, no supo, no quiso.