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Operación Hereford: escuchas clandestinas y disciplinamiento a opositores

El escándalo desatado por la investigación encabezada por el juez federal Ramos Padilla, donde están involucrados jueces, fiscales, abogados, falsos abogados, servicios de inteligencia, ex policías y periodistas, es comparable a la Operación Hereford, la puesta en escena ordenada por Alberto Rodríguez Saá para encarcelar a un empresario agropecuario que no habría cedido ante las presiones para sumarse al Programa Carnes San Luis.

Desde el inicio, el despliegue policial destinado a la Operación Hereford suscitó sospechas, dado que el abigeato históricamente ha sido un delito al que el gobierno de los Rodríguez Saá no le prestó atención. La desidia policial en la investigación del robo de vacas en San Luis determinó la quiebra de pequeños empresarios y solo la policía intervino cuando los afectados fueron personajes vinculados al poder político, tal fue el caso del empresario mendocino Eloy Guerrero, dueño de tierras en la localidad de Mosmota, donde fue encarcelada una banda integrada por ex policías que se dedicaban al robo de ganado.


La contratación de una avioneta para que el ministro de Seguridad, Diego González, se fotografiara recorriendo la provincia acompañado por el jefe de policía, Fabricio Portela, además de la fuerte consigna policial asignada durante casi tres meses a custodiar los campos de José Chiotti, sugirieron que los intereses que movían detrás de la causa superaban el abigeato e indicaban un direccionamiento político contra un empresario al que la policía vinculaba con dirigentes opositores, mientras otras versiones señalaban a Chiotti como testaferro de Adolfo Rodríguez Saá.


La idea de que Chiotti era un testaferro sublevado al estilo del ministro de Industria Miguel Ángel Roca, cerraba en que los Rodríguez Saá entonces estaban usando el aparato del Estado para rigorear a un prestanombres que había intentado pasarse de vivo, pero hete aquí que cuando el abogado Rafael Berruezo denunció que la jueza Virginia Palacios había ordenado escuchas ilegales contra él y contra algunos denunciados en la causa, trascendió que también en paralelo estaban siendo escuchados de manera ilegal Adolfo Rodríguez Saá y su esposa, Gisella Vartalitis.


La denuncia de Berruezo señalaba que un testigo que no figuraba en la causa y con el que su estudio se había comunicado con la intención de que testimoniara para mejorar la situación de su cliente, fue amenazado de muerte. “Nos llamaba también la atención que cuando nosotros hablábamos por teléfono con la familia de nuestros clientes, al otro día el Diario de la República obraba en consecuencia y nos ganaba de mano con publicaciones que nos complicaban la estrategia”, sostuvo Berruezo.


“De las versiones surgidas de la causa Hereford tenemos millones y una de ellas es que el gobernador ordenó encarcelar a Chiotti porque este se habría negado a sumarse al programa Carnes San Luis”, sostuvo Berruezo. La gravedad de la denuncia por las escuchas ilegales determinó que la entonces Ministra del Superior Tribunal, Lilia Novillo, anunciara una investigación “a fondo”, cuyo resultado aún se desconoce.