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Nombrarán como Juez de Paz en La Carolina a un candidato de Rodríguez Saá

El Superior Tribunal designará en La Carolina a un juez de Paz que fue recurrido por la ocupante actual del cargo. Se trata de Emir Albarado Magallanes, dirigente de Unidad Justicialista y uno de los dos candidatos de ese partido a ocupar el comisionado de La Carolina.

Albarado Magallanes fue impugnado por una presentación de la actual juez de Paz, Lucía Vázquez, porque no vive en el Partido de La Carolina como sostiene el artículo 222 de la Constitución provincial, pero el Alto Tribunal rechazó el recurso interpuesto argumentó que no sólo tiene en cuenta las calificaciones, sino también “los antecedentes y la idoneidad”.

El cuestionamiento de nulidad contra la acordada 266/18 fue desestimado por los ministros de Justicia Martha Corvalán, Lilia Novillo y Carlos Cobo.

Otra de las razones por las que Vázquez impugnó la nominación es que no se difundió el puntaje alcanzado por el dirigente justicialista en los exámenes ni los fundamentos del orden de mérito.

La idoneidad de Albarado Magallanes radicaría en que es familiar de una de las secretarias administrativas de la Corte y es candidato para el 2019 del partido oficialista en San Luis. El cargo lo ayudaría a estar en carrera para ocupar el comisionado de La Carolina. Asumirá apoyado por Carlos Cobo, ex diputado del oficialismo y quién a 48 horas de asumir como ministro del STJ nombró a su esposa  Andrea Gabriela Quiroga como Secretaria privada;  Martha Raquel Corvalán hermana de la ministra de Salud, Graciela Corvalán; y Lilia Novillo, ex precandidata justicialista. Parece un chiste pero no, esa es la composición "pluralista" del STJ puntano. El 20 de abril se realizó la evaluación de los postulantes a Juez de Paz Lego en 12 localidades de San Luis. La comisión estuvo integrada por las funcionarias Mónica Corvalán, Sandra Romero Guzmán, Estela Bustos y María Eugenia Bona.

Vázquez sostuvo en su  impugnación a Albarado Magallanes que “la conclusión no está precedida del puntaje atribuido ni en los fundamentos que lo sostienen, impidiendo de esa manera controlar y ejercer con plenitud el derecho de defensa. Magallanes no debió ser incluido en la orden de mérito, por lo que el Tribunal debió ejercer el control de constitucionalidad y mantener la supremacía”, precisó y agregó que “indudablemente no se hizo”.

Vázquez consideró que fue vulnerado su derecho a la defensa pues la comisión evaluadora no estableció el puntaje obtenido de los participantes, imposibilitándola de defenderse y eventualmente cuestionar la decisión del Superior Tribunal de Justicia. Además expresó que esos incumplimientos anulan el acto administrativo realizado que se sostiene solo por voluntad de los miembros del Superior Tribunal en desmedro de la normativa.

El rechazo del planteo de nulidad fue dictaminado por el procurador General, Fernando Estrada, aludiendo que estas merituaciones era facultades del Superior Tribunal y que resulta improcedente la solicitud porque Albarado Magallanes no fue impugnado al momento de presentarse mientras que Vázquez sostuvo en su presentación que es el Superior Tribunal el que debe realizar esa tarea cuando se presentan los participantes.