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Multa millonaria y agitación en los inscriptos en planes de viviendas, el castigo por una foto

El Gobierno de la Provincia multó a la Municipalidad porque el Ministerio del Campo a cargo de Sergio Freixes asegura que encontró irregularidades en el funcionamiento del Centro de Disposición Final.

Luego de la inauguración de la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes, el Gobierno se quedó sin el principal argumento de presión que utilizó para acosar a las sucesivas gestiones municipales desde Carlos Ponce en adelante y es por eso que el gobierno ahora, bajo la aparente preocupación por el medio ambiente y la ecología, castiga al municipio con una multa de seis millones de pesos.


La asfixia contra los municipios rebeldes viene desde lejos. Mirta Verbeke fue electa en 1991 y de este modo los Rodríguez Saá desplazaron del municipio a la gestiones radicales. La Mirta llegó a la Intendencia con la promesa de los Rodríguez Saá de transformar la ciudad para siempre y si bien el Gobierno Provincial financió obras, la mayoría de estas terminaron cuestionadas y sospechadas de corrupción, tal como ocurrió con la remodelación de la Plaza Pringles. Verbeke desperdició cuatro años en construir dos rotondas en avenida Lafinur, una de ellas bautizada por los vecinos como “La rotonda de los chorros danzantes”, una fuente musical que nunca funcionó; la otra fue un horrible armatoste en el cruce de calle Junín que fue demolida a causa de los accidentes que produjo. Verbeke también construyó una fuente frente al barrio visitadores médicos, entre su propia casa y la casa de Carlos Sergnese que fue rebautizada por el ingenio popular como “La fuente de los chorros”. Una de las últimas iniciativas de la gestión de Mirta Verbeke fue la Torta de los 400 años, una torta de una cuadra de largo preparada frente a la Plaza Independencia y que fue pensada con la sola idea de ingresar al Libro Guiness.


Durante la gestión de Mirta Verbeke la municipalidad inauguró las piletas de tratamiento de efluentes ubicadas en el extremo oeste de la ciudad, al final de calle Belgrano. Sin embargo, la obra siempre fue criticada por su mal funcionamiento y porque existía la sospecha de que el equipamiento instalado no era el mismo que figuraba en los pliegos.


Sin embargo, a pesar de que las piletas de oxidación nunca funcionaron, fue recién en 1998 que el Gobierno comenzó a acosar a la gestión de Carlos Ponce mediante notas catástrofe en el Diario de la República donde Ernesto Torres Mathieu, Director de Medio Ambiente de aquel entonces, aseguraba que Ponce era el causante de la contaminación del Río Seco y de las Salinas del Bebedero. El telón de fondo de las denuncias contra Carlos Ponce, es que en 1998 el entonces intendente se negó a firmar la ficha de afiliación al PUL, el partido que Alberto y Adolfo Rodríguez Saá armaron para sacarse de encima “los dinosaurios peronistas”, tal como calificaron a la bullanguera militancia del PJ.


Carlos Ponce desde ese momento fue acosado desde el Diario mediante una sección que iba precedida del cintillo “coleccionable”, donde los Rodríguez Saá diariamente le enrostraban las carencias de la ciudad para que el intendente cambiara de opinión. Sin embargo, a pesar de la campaña de los medios oficiales, Ponce fue reelecto por casi 12 puntos de diferencia con respecto a Raúl Laborda, mientras que Hugo Marín –el candidato de los Rodríguez Saá terminó cuarto.


Pero Carlos Ponce no fue el único Intendente al que los Rodríguez Saá le quisieron hacer firmar bajo amenazas la ficha del PUL, porque el entonces Intendente de Villa Mercedes, Jorge Cangiano, al principio padeció los mismos aprietes a través del Diario de la República, desde donde los Rodríguez Saá le notificaban que si no acataba el mandato de los hermanos, Villa Mercedes se quedaba sin las obras prometidas. Cangiano negoció con los Saá , se distanció de la dirigencia del PJ y algunos de esos dirigentes luego fueron escrachados como deudores de Carta Credencial, la tarjeta de crédito del Banco de Previsión Social fundido por Juan Carlos Ostanelli.


La situación planteada esta semana con la multa de seis millones de pesos impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente contra la Municipalidad, se suma a la baja injustificada del convenio para la implementación del Programa Sumar y a la agitación que el gobierno ejerce a través de punteros políticos entre los inscriptos en los planes de viviendas municipales y demuestra que los métodos de los Rodríguez Saá no han cambiado sino que de ese modo castigan la no sumisión de Enrique Ponce al yugo provincial mediante el cual el Gobierno de la Provincia en la política solo distingue dos categorías: súbditos y enemigos.