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Los Rodríguez Saá y el narcotráfico

Una de las noticias que la semana pasada, comidilla de la prensa, fue la acusación lanzada por Adolfo Rodríguez Saá contra el ministro de Seguridad, Ernesto Nader Alí, a quien el ex gobernador acusó de tener problemas con las drogas, señalamiento que luego fue eliminado por el equipo de comunicación del actual senador nacional. La acusación contra Nader Alí se suma a la postura adoptada por el Adolfo contra la ex ministra de Educación, Natalia Spinuzza, luego de que la funcionaria subiera un video a un grupo de whatsapp donde contaba que acababa de fumar marihuana.

La acusación contra Nader Alí es particularmente grave en un momento en que la venta y consumo de drogas en la provincia ha crecido de manera descontrolada y la seguridad se encuentra bajo la lupa, puesto que las últimas detenciones involucran a efectivos policiales. Desde el adolfismo ha circulado en los últimos días una acusación parecida contra otros funcionarios del gabinete de Alberto Rodríguez Saá que recuerda a la primera denuncia de Amalia Isequilla en noviembre de 1989, cuando la entonces diputada nacional acusó a los Rodríguez Saá de enriquecimiento ilícito y complicidad con el narcotráfico, denuncia que luego fue archivada sin trámite alguno por el juez Néstor Ochoa.


La acusación de Isequilla, poco tiempo después devenida en funcionaria adolfista a cargo de la privatización de la empresa provincial de energía, reflejaba las versiones que llegaban desde diversos puntos del interior de la provincia donde policías y guardafaunas alertaban acerca del permanente despegue y aterrizaje de avionetas a las que vinculaban con el narcotráfico.


Luego del secuestro del Adolfo, ocurrido en octubre de 1993, se tejió un listado interminable de hipótesis, de las cuales una de las principales era la vinculación de la SIDE menemista y la otra era que el secuestro había sido un vuelto del narcotráfico. Subidos a la ola generada por las fotos del Adolfo con el rostro compungido y con el ojo en compota, el periodista Miguel Wiñazky publicó “El último feudo”, una investigación periodista documentada acerca de los primeros diez años del latrocinio del régimen de los Rodríguez Saá, mientras que Diego Tonnelier, en ese entonces Editor de la sección Política del Diario La Razón, publicó una novela “El reino de los Rodríguez Saá. Un príncipe cuyano”, donde recogió gran parte de las sospechas acerca del secuestro del Adolfo y la presunta vinculación del entonces gobernador con la protección de los narcos.


La idea resumida de Tonnilier es que los hechos ocurridos en el motel Y no C bien pudieron obedecer a una diferencia con un empresario narco (si bien Tonnelier no lo nombra, el nombre que siempre circuló fue el de Alfredo Yabrán) respecto al “peaje” que, según decían los servicios de inteligencia, el Adolfo cobraba para garantizar el aterrizaje y despegue de las avionetas en los caminos vecinales de San Luis.


Solo en el capítulo que va desde la página 127 hasta la 130, titulado “San Luis, 1983”, Tonnelier menciona al Adolfo con nombre y apellido. En el resto del libro, el Adolfo es “Goyo”. En consonancia con la hipótesis de Tonnelier, también Miguel Bonasso en “Don Alfredo”, la biografía de Yabrán, esboza de manera velada la posibilidad de que el famoso video que nunca apareció y que, según se dijo, fue filmado por la fuerza cuando los secuestradores obligaron al Adolfo a aspirar un polvo blanco similar a la cocaína, haya sido obtenido algunos meses antes mediante una celada muy bien tendida en una fiesta en una de las mansiones de Yabrán.


“Recordó la escena en su finca de La Merced, cuando Collado intentó reducir el porcentaje del treinta por ciento que él les exigía y se rió bajo el agua que caía por su piel al pensar que no demasiado tiempo después los había obligado a aumentar su participación hasta repartir en partes iguales. Solo que ellos cargaban con todos los costos y él con ninguno, pero Collado era un hombre inteligente y entendió que sin su ayuda no podrían hacer nada y el negocio del narcotráfico se les vendría a pique. Inclusive en los últimos tiempos había llegado a pensar en la posibilidad de montar su propia operación, no estaba tan seguro de seguir necesitándolos, al fin y al cabo, él tenía más capital que ellos, pero a eso le sumaba poder político”. Cinco años después de editada la novela, Tonnelier murió el 30 de abril de 1998 cuando se desempeñaba como Prosecretario de Política de Clarín.