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Los auxiliares policiales del plan de inclusión después de 13 años siguen en situación precaria

Cuando en 2003 el Alberto inventó el Plan de Inclusión como único paliativo a la situación económica explosiva que vivía la provincia, el primer problema que el gobierno encontró en el corto plazo fue cómo sacarse de encima a esa muchedumbre de desocupados, que el mismo gobierno había generado a partir de las campañas electorales sucesivas, donde los Rodríguez Saá iban por provincias vecinas mintiendo que en San Luis el trabajo sobraba y que el Adolfo te daba la casa. Familias enteras llegaron a la provincia atraídas por ese espejismo, para terminar viviendo en asentamientos precarios (como por ejemplo los anexos del Barrio Eva Perón) y condenados luego a la explotación electoral del Plan de Inclusión.

El gobierno intentó firmar convenios con las pocas industrias que quedaban en el parque pero el sistema no funcionó, porque habían sido esas mismas industrias quienes habían ido dejando sin trabajo a un porcentaje de esos desocupados. El Alberto entonces le intentó dar al Plan perversa una vuelta de tuerca, porque se le ocurrió que podía usar a los beneficiarios como reemplazo paulatino de los afiliados de los gremios que molestaban al gobierno.


El Alberto anunció que iban a ingresar como docentes aquellos beneficiarios que tenían estudios pero sin pasar por la Junta de Clasificación, hecho que alarmó a los gremios docentes porque Asde aún no se había entregado al rodriguezsaaísmo y era uno de los más encarnizados críticos del neoliberalismo educativo aplicado por el gobierno, protestó de manera airada y amenazó con otra huelga.


Donde también el gobierno tenía permanentes problemas era en el sector de la salud, porque el gremio de los médicos y técnicos reclamaba permanentemente por el nombramiento de recursos humanos. Allí el gobierno también intentó sacar beneficiarios del Plan y nombrarlos como enfermeros, pero la iniciativa duró poco porque uno de ellos en una mala praxis le colocó mal una inyección a una nena y la criatura perdió todos los dedos de la mano. El caso se conoció como “El caso Antonella”.


A pesar de que la realidad al gobierno le mostraba que las normas estaban para ser respetadas, el Alberto decidió avanzar contra la policía. Durante la represión a los docentes en 2004, algunos efectivos habían hecho saber por lo bajo su desacuerdo ante el uso político de la fuerza policial por parte del gobierno y entonces Rodríguez Saá decidió reemplazar policías por beneficiarios del Plan de Inclusión para asegurarse fidelidad.


La idea precaria del gobierno era que a medida que fueran localizando en las parcelas elementos con características acordes, estos de inmediato pasaban a desempeñarse como policías, retrocediendo treinta años en el mecanismo de formación policial. La policía de inmediato rechazó la idea y en 2006 se produjo uno de los mayores acuartelamientos de la historia de San Luis, que dejó a la provincia sin policías durante tres días.


El Alberto no solo tenía decidido reemplazar a los policías críticos con beneficiarios del PIS sino que además, para que el sometimiento fuera total, había decidido pintar la bandera del Plan en todos los patrulleros. Pero aunque la determinación del gobierno fue derrotada por el acuartelamiento, lo mismo el Alberto hizo ingresar a la policía como “auxiliares” a 100 beneficiarios del Plan de Inclusión, quienes 13 años después continúan en las mismas condiciones de precariedad laboral con las que ingresaron, porque aunque cumplen las mismas funciones de los demás efectivos, están regidos por un contrato renovable cada seis meses, perciben un sueldo menor y no tienen posibilidades de ascensos.