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Las 8 denuncias contra el gobierno de Alberto Rodríguez Saá

Legisladores y apoderados del Frente opositor San Luis Unido formalizaron denuncias en los fueros federal y provincial por la posible comisión de irregularidades en el proceso de 2017 y los dos últimos años del gobierno de Rodríguez Saá.

El Frente San Luis Unido presento una serie de denuncias contra el gobierno provincial por persecución, desvío de fondos y maniobras electorales durante los dos últimos años de gestión y la semana pasada, Claudio Poggi junto a Enrique Ponce se constituyeron en las causas que están pendientes de resolución.


Uno de los casos que más resonó en toda la provincia fue el subsidio de $80 millones que el gobernador Alberto Rodríguez Saá le entrego a su cuñada, Gisela Vartalitis, actual presidenta de la Fundación Mujeres Puntanas, a días de los comicios del año 2017, con fines puramente proselitista y con el objetivo claro de captar votos a través de la entrega de electrodomésticos.


Este año, la maniobra habría sido la misma pero esta vez con la empresa Sol Puntano, la cual recibió por parte del Estado provincial $50 millones, en un extraño acuerdo entre la empresa y el ministro de Producción, Sergio Freixes, quien recordemos está condenado e inhabilitado para ocupar cargos públicos por la causa de las denuncias en blanco a jueces de la provincia.


Otra causa considerada muy grave por la oposición, es la desaparición de $2400 millones del Tesoro provincial, resultante de la venta de títulos públicos. Se plantea que esos fondos, nunca ingresaron al Tesoro provincial luego de ser liquidados.


En la reunión que mantuvo el Bloque San Luis Unido en conjunto con las autoridades partidarias, el apoderado del frente realizo un informe sobre el estado de los trámites judiciales para así poder presionar a la justicia y lograr que se investiguen 8 causas que el gobierno provincial no ha reparado en dar explicaciones.


1. Denuncia por la entrega de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas


Los delitos denunciados fueron “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales, peculado, fraude en perjuicio del estado provincial y violación de la ley nacional de financiamiento de partidos políticos” e involucraron al gobernador, Alberto Rodríguez Saá (candidato a senador suplente), a todos los funcionarios involucrados en el otorgamiento y a Vartalitis.


La presentación de este pedido de informe y posterior denuncia fue llevada a cabo por los entonces Diputados Ajejandro Cacace, Juan Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Elena Pastor, Iris Blumencweig y Sergio Guardia (expediente FMZ 39434/2017) por el otorgamiento de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas, presidida por Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo Rodríguez Saá, utilizados para la compra de electrodomésticos y demás objetos utilizados para la campaña de 2017 cuando los Rodríguez Saá perdían por 20 puntos contra el actual Senador Nacional y candidato a gobernador Claudio Poggi.


Recientemente el cuerpo de auditores de la Cámara Electoral Nacional dictaminó que hubo “delito electoral” respecto a los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, peculado y fraude en perjuicio del Estado provincial.


Para tomar dimensión de la magnitud del subsidio y su incidencia en la campaña basta decir que para las dos categorías nacionales que se elegían (senadores y diputados Nacionales) el máximo para ambas sumadas era de aproximadamente $8 millones, con lo cual el subsidio implicaba el 1000% del tope.


2. Otorgamiento de planes sociales en violación de la veda


De acuerdo a esta averiguación de delito, se está dejando en evidencia “una matriz de prácticas clientelares y la comisión de delitos electorales como el otorgamiento de planes o beneficios en abierta violación a la veda, habiendo llegado al extremo jamás visto de mantener abiertas oficinas públicas el mismo día del comicio para entregar cheques u órdenes de pago”.


Se está investigando el otorgamiento de alrededor de 80 mil planes sociales durante la veda entre las PASO del 13 de agosto y la elección del 22 de octubre de 2017, incluso el mismo día de la elección.


3. Denuncia por votos marcados en Nogolí


En esta causa detectada y resguardada por una cautelar los votos del departamento de Belgrano. Se descubrieron 65 votos irregulares en Nogolí. Se indago y proceso a Silvia Quevedo, quien en aquel entonces se desempeñaba como directora del Hospital de Nogolí. También está involucrada Nancy Escudero por “compeler a electores de esa localidad a votar a favor del Frente Unidad Justicialista bajo amenaza de no acceder o mantener los planes sociales que se le habían ofrecido”.


Por último, en este caso, se involucró a la intendenta de Nogolí, Claudia Pinelli, y a Nicanor Hilario Amieva, quien habría intervenido en la distribución de boletas marcadas a dos electores.


La maniobra consistió en la entrega de votos marcados con un código, conformado por una letra y un número. De esa manera, se aseguraban que votaran a la lista de los hermanos Rodríguez Saá o perderían los beneficios.


4. Entrega de tablets en la sede del PJ


Durante las PASO de 2017, las entonces ministras de Desarrollo Social y sus pares de Ciencia y tecnología y Hacienda cometieron delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario públicos, malversación de caudales públicos y peculado por la entrega de tablets adquiridas por el gobierno provincial en el marco de la campaña electoral del oficialismo provincial, delitos por los cuales hoy en día, están siendo investigadas.


En la presentación se expuso que “la desviación del reparto de esos bienes públicos se hizo a través de las sedes del partido de los Rodríguez Saá”. Se trató de la distribución de las tabletas a punteros políticos y a quien manejan los merenderos.


Se planteó que se usaron fondos públicos en provecho de terceros, es decir los candidatos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.


5. Denuncia por persecución política ante el INADI


En septiembre de 2017, la entonces candidata a senadora por San Martin, Regina Zulema “Chona” Funes, procedió a realizar una denuncia ante el INADI, la cual el pasado 3 de junio concluyo que fue discriminatoria la conducta persecutoria realizada por el gobierno de Rodríguez Saá ya que luego de desempeñarse durante 34 años como enfermera en el CAPS en Potrerillos, fue traslada a más de 100 km de su domicilio y sin transporte público que vinculara su lugar de residencia con el lugar donde se la enviaba.


6. Denuncia por la desaparición de $2400 millones de títulos públicos


En el año 2017 la Provincia tuvo ingresos por $2400 millones con motivo de la operatoria de bonos y/o títulos públicos, ingresos que no fueron registrados en la contabilidad pública, dejando en evidencia que el saldo final del Tesoro estaría adulterado y estarían faltando fondos que no se registraron según los legisladores denunciantes.


“Teniendo en cuenta que por la magnitud del dinero involucrado no pudo haberse retirado en efectivo, sino mediante complejas operaciones bancarias para insertarlo con apariencias de licitud en el mercado financiero. Se está investigando el delito de lavado de activos que es de competencia federal, además, de otros delitos comunes como defraudación al Estado y asociación ilícita, entre otros”, señala el informe que resume las causas.


7. Denuncia por el Presupuesto 2019


Se trata de una denuncia penal en contra del gobernador Rodríguez Saá, la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, funcionarios intervinientes y también contra aquellas personas o funcionarios del Gobierno provincial que pudieran resultar autores o participes de los posibles delitos provistos en el artículo 248º y concordantes del Código Penal, consistentes en abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

El proyecto de presupuesto inicial tenía una extensión de seis carillas y básicamente se limitaba a fijar el monto total de gastos y el monto total de recursos en $ 31.489.395.479.

“No tenía ningún tipo de desagregado de gastos y recursos. No había una sola aclaración en qué serían gastados dichos fondos públicos. Era un cheque en blanco al gobernador para que hiciera lo que se le antoje con el dinero de todos los sanluiseños”, afirmaron.

Luego se amplió la denuncia por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en concurso ideal con los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios.


8. Denuncia por la utilización de La Pedrera para el acto del peronismo K


Ratificada la denuncia y atento a “la falta de impulso procesal” por parte del juzgado interviniente se han interpuesto escritos instando la producción de la prueba pendiente, entre las que se encuentra la declaración testimonial del gerente de La Pedrera y actual candidato a intendente, Maximiliano Frontera.