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La provincia pagó certificados vencidos del Hospital con los fondos nacionales para palear la crisis

En diciembre del año 2018, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá firmaba el correspondiente decreto donde se daba inicio a la obra del Hospital Central “Ramon Carrillo”, a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Semisa, Green SA y Lumma SA.


En ese entonces, Alberto se jactaba que la obra iba a ser concluida en marzo del 2020. Hoy, en plena Pandemia, el Gobierno ha tenido que improvisar y adaptar hospitales de campaña en diferentes edificios provinciales, ya que la mega obra cuenta con una considerable demora y solo está a un 65% en su avance, conforme a las declaraciones del ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich.

Además de los inconvenientes en la demora, el nuevo hospital contaría con problemas financieros, ya que de los $463.000.000,00 que envío Nación para hacer frente a la ya conocida pandemia de coronavirus, la Provincia, destino $400.000.000,00 al pago de los certificados de avance de obra, conforme lo manifestó públicamente en sus declaraciones la Jefa de Gabinete Provincial Natalia Zabala Chacur.

De esta manera, los Municipios de San Luis, sus respectivos habitantes y en particular los sectores comerciales, se vieron privados de cualquier tipo de asistencia por parte del Ejecutivo Provincial, ya que fondos que recibió por parte de Nación, fue empleada para cubrir sus propios déficits financieros de una obra, presupuestada con fondos propios de la Provincia.


Acto seguido, convendría formular los siguientes interrogantes: ¿por qué, una Provincia, donde se jacta de tener las cuentas en orden y con equilibrio fiscal se vio obligada a abonar los certificados de una obra, cuyos fondos fueron presupuestados como propios? ¿Qué destinos tuvieron o van a tener los $400.000.000,00, propios de la Provincia, que, en principio, iban a ser afectados al Hospital?