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La Municipalidad nunca dijo que la UNSL cobraba un millón y medio de pesos por el auditorio

La controversia suscitada a raíz de la determinación del Tribunal Electoral Municipal de cancelar el debate establecido por Ordenanza generó repercusiones desparejas e interpretaciones, que nada tienen que ver con la realidad de la sucesión de hechos ocurridos desde que el Municipio denegó los exorbitantes requerimientos económicos del TEM y a cambio ofreció el equipamiento técnico y humano de la Dirección de Comunicación, como así también puso a disposición como espacio para la realización del debate el nuevo Centro Municipal de Convenciones.



El Tribunal Electoral argumentó la falta de “neutralidad” del Centro de Convenciones y entonces comunicó a los partidos políticos que ante la imposibilidad de efectuar el debate en el Auditorio Mauricio López de la UNSL, había dispuesto como “espacio neutral” el Salón Blanco del Palacio de Justicia, pero el mismo TEM derrumbó su propio argumento cuando la “neutralidad” del Salón Blanco se vino abajo con la colocación de una pantalla led con publicidad electoral de Sergio Tamayo dentro del edificio de Tribunales.


Desde el principio de la puesta en funcionamiento del Tribunal Electoral los desajustes entre los miembros quedó públicamente a la vista. Martha Corvalán decidió mudar violentamente la sede que estaba ubicada en una oficina del Concejo Deliberante y -luego de romper la cerradura de la puerta- fue llevada al edificio del Superior Tribunal de Justicia. El siguiente papelón del Tribunal ocurrió cuando Corvalán y Ferrari, en ausencia de Domingo Cabrera, dispusieron fijarse una retribución equivalente al 40 por ciento del sueldo que perciben en sus respectivos cargos. La idea fue de Ferrari, pero a pesar de que Corvalán dejó por escrito que prefería quedar fuera del cobro del dinero, convalidó con su firma la exigencia del Juez de Faltas.


Sin embargo lo peor estaba por venir, porque la organización del debate previsto por Ordenanza para los candidatos a intendente y concejales generó una sucesión de enredos donde el Tribunal para cada solución que ofrecía el Municipio, presentaba un nuevo problema. La intención evidente del TEM fue desde el principio fue impedir la realización del debate mediante la exigencia desmedida de recursos, a sabiendas de que la absurda suma cercana al millón y medio de pesos, sería denegada de inmediato por el Municipio.


Evidentemente quienes impulsaron la Ordenanza que impone la obligatoriedad del debate entre los candidatos previo a las elecciones de intendente y concejales no sabía nada acerca de la materia que estaba legislando, dado que por ejemplo, para maquillaje el Tribunal solicitó 430 mil pesos y la construcción de 12 atriles, como así también exigió cinco cámaras para la filmación y sistema de televisación.


De acuerdo con la Ordenanza el debate tampoco sería un debate, sino que solo consistiría en la mera exposición de las propuestas de cada candidato dentro de los tiempos administrados por un moderador. Entonces, luego de la experiencia de los dos debates presidenciales nacionales, ante el masivo desinterés de la ciudadanía por el inocuo mecanismo aplicado, gastar un millón y medio de pesos resultaba notablemente absurdo.


A pesar del aviso formal de que el municipio no estaba dispuesto a gastar un millón y medio de pesos en un debate, el Tribunal igualmente convocó a que empresas de publicidad y canales de televisión presentaran ofertas. La UNSL presentó dos propuestas de alquiler del Auditorio Mauricio López, una por 130 mil pesos y otra por 300 mil.


La polémica entonces con la Universidad surge a raíz de las llamativas interpretaciones formuladas por algunos medios de prensa, que tergiversaron los términos de la carta abierta firmada por el Intendente Ponce y las declaraciones del Secretario Legal y Técnico, Ignacio Campos, quienes en ningún momento atribuyeron a la Universidad la intención de cobrar un millón y medio de pesos por el alquiler del Auditorio, sino que quedaba claro que ese era el costo total del debate de acuerdo con las sucesivas solicitudes de dinero por parte del TEM.


Mario Otero en la entrevista que le formuló al rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, fue uno de los periodistas que sostuvo que el municipio endilgaba a la universidad la pretensión de un millón y medio de pesos por el alquiler del Auditorio, cuando tanto en la carta del Intendente, como en las declaraciones de Ignacio Campos quedó claro que ese era el costo total del debate.


Otero curiosamente prefirió acusar por la falta de voluntad para debatir a Enrique Picco y dejó expresamente a salvo a los miembros del Tribunal Electoral, a pesar de las sucesivas muestras de parcialidad a favor de la postura del oficialismo provincial (como por ejemplo la colocación de la pantalla proselitista de Tamayo dentro del edificio donde el Tribunal pretendía realizar el debate) y también la exigencia por parte de Corvalán y Ferrari de la asignación de un sobresueldo ilegal del 40 por ciento de los haberes que cobran en sus respectivos cargos.