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La causa de los jueces obligados a firmar sus renuncias podría tener fecha luego de 13 años

El escándalo de corrupción por las firma de las renuncias anticipadas que Rodríguez Saá obligaba a firmar a los jueces y que implica al funcionario del Gobierno provincial Sergio Freixes y al ex viceministro Mario Zavala, tiene una nueva fecha de audiencia y podría ser el último paso para determinar el inicio de un juicio que lleva trece años de espera.

Luego de que a comienzos del mes de julio los grandes diarios nacionales volvieran a hablar de la causa por la demora del juicio debido al cambio de abogados que hizo Freixes para dilatar el inicio del juicio, la Cámara de Casación definió fecha de audiencia para el día 10 de agosto en el Tribunal Oral con el fin de que se acuerden las pruebas.

La Secretaria del Tribunal, Alejandra Suárez respondió a el medio online El Chorrillero que sería probable fijar fecha de juicio  “ese día o posteriormente”, que estarán presentes los magistrados federales que integran el tribunal, Roberto Naciff, María Paula Marisi y Alejandro Waldo Piña además de los representantes de la Fiscalía y defensores.

Otro dato que se aportó es que la causa tiene alrededor de 130 testigos y es la segunda audiencia que se dicta luego de que el juez Naciff suspendiera la anterior del 29 de junio a pedido de los abogados de Freixes.

Los nuevos abogados de Freixes, que sigue en funciones como ministro de Medio Ambiente, Producción y Campo, son Hugo Scarso y Esteban Salas.

El diario La Nación se refirió a la causa el día 4 de julio: “La causa llegó a esta instancia luego de 15 años y es considerada por Transparencia Internacional paradigmática de la corrupción en la Argentina. El eje es la responsabilidad de altos funcionarios de los gobiernos de Rodríguez Saá por exigir a los candidatos a jueces y fiscales provinciales la firma de renuncias anticipadas para ser nombrados en sus cargos”.

“El delito por los que fueron juzgados Freixes y Zavala es coacción agravada, ya que se sometía a los candidatos a la voluntad del Ejecutivo, que de ese modo podía chantajearlos. En abril de 2005, una funcionaria judicial denunció que, tanto para ingresar al Poder Judicial como para obtener ascensos, los postulantes debían pasar previamente por un despacho de la Casa de Gobierno, donde eran intimados a firmar renuncias con fecha en blanco”, se refiere a la abogada Marina Ziliotto que denunció la irregularidad a la Justicia Federal en ese momento.

“Todas las notas decían: "Poner a disposición del gobernador su renuncia indeclinable al cargo" con el que habían sido honrados. Y todas tenían el mismo objetivo: coartar la independencia judicial y poner en manos del gobierno un instrumento que le permitiera, tan solo con su firma, separar del cargo a jueces y fiscales que se apartaran de la voluntad gubernamental”.

La maniobra -según la acusación- fue desplegada desde el Ministerio de Legalidad y Relaciones Institucionales del gobierno provincial, donde los postulantes debían firmar como condición para que los pliegos fueran girados a la Legislatura, con el fin de obtener el acuerdo del Senado. La denuncia se promovió ante la Justicia federal y se centró en once funcionarios judiciales provinciales (jueces, camaristas y fiscales de Cámara) que habían sido nombrados bajo esas condiciones. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones.

En la investigación del entonces juez federal de San Luis Carlos Villegas se comprobó la metodología de hacer firmar renuncias en blanco y el magistrado procesó a Freixes y a Zavala.

El tribunal oral está integrado por los jueces de los tribunales federales de Mendoza Roberto Naciff, María Paula Marisi y Alejandro Waldo Piña. Y admitió a la Fundación Poder Ciudadano como amiga del tribunal. Lo hizo en un fallo con la disidencia de Naciff”, el juez que permitió la prórroga de fines de junio.