• LPSL

Independencia? Si, la plaza de enfrente II. La Lilia, " soy obsecuente de los Rodríguez Saá"

Aprendió Derecho por ósmosis, junto a los Rodríguez Saá, de quienes alguna vez se declaró públicamente “obsecuente”. Muchos la recuerdan más por sus proezas boxísticas contra las opositoras dentro de la Rama Femenina del PJ, que por los juicios ganados. Quienes la conocieron en sus años mozos aseguran que en ese entonces sentía una profunda envidia por Miriam Agúndez, no solo por su belleza sino también por los conocimientos que a ella le resultaban inalcanzables. Entonces la Lilia, como todos conocen a Lilia Novillo, junto a Tona Salino y la Zulema fueron las encargadas de echar a la Miriam del PJ.

Hija del Jefe de Policía que echó a patadas del recinto a los diputados radicales en 1986 y que hostigaba a los inspectores de la DGI que sospechaban de las industrias radicadas en San Luis, Lilia Novillo junto a Carlos Sergese y Luis Amitrano probablemente sean tres de los nombres más irritantes con que los Rodríguez Saá se burlaron de los reclamos cuando la dirigencia opositora pedía por una justicia independiente. Ligada desde siempre al rodríguezsaaísmo La Lilia fue un cuadro político que pasó por todos los cargos dentro del Poder Ejecutivo y luego fue también electa en listas del PJ.


En 1989 fue denunciada penalmente cuando un grupo de dirigentes opositores demostraron que el Adolfo había condonado una deuda de 600 mil dólares que la Lilia mantenía con el Banco provincia. El Adolfo dobló la apuesta y designó a la contumaz deudora en el Jurado de Enjuiciamiento, igual que hizo un par de años después al designar al analfabeto Ricardo “trochi mochi” Sánchez como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

La nota del Diario Puntal donde la oposición se queja por la designación de la Lilia parece escrita ayer porque describe juzgados acéfalos, fiscales que no iban a trabajar, la justicia laboral en plena promoción industrial en estado de colapso. El Colegio de Abogados a propósito de la provocación del Adolfo de designar a la Lilia en el Jury efectuó una reunión y en el manifiesto final consignaron: “Los profesionales del Derecho indicaron que resulta requisito indispensable para asegurar la plena vigencia del régimen republicano de gobierno y la estabilidad de sus instituciones con poderes judiciales independientes e idóneos, integrado por jueces y funcionarios calificados por su profesionalidad, espíritu de superación y sobre todo vocación de servicio”.


Más adelante Puntal informaba acerca del impacto que había surtido dentro del Poder Judicial la determinación del Adolfo de desenganchar a los jueces provinciales de la escala salarial de la Justicia Federal reduciéndoles el sueldo a la mitad. “Todo ello, declararon, se encuentra afectado por los bajos sueldos de los magistrados y funcionarios judiciales a tal punto de haberse conculcado el principio constitucional de intangibilidad de las remuneraciones, lo que conduce a su desjerarquización haciendo peligrar la independencia del poder”.


En agosto de 1993, un mes antes del secuestro del Adolfo, los radicales cometieron otro de los errores políticos de los que se arrepentirían luego. El Poder Judicial de los Rodríguez Saá no daba para más y el hilo de la paciencia de la gente se cortó por el lado de la Justicia Penal. Los casos Luna –Martínez; Claudia Díaz; Pueyo Murillo; el asesinato del militante radical Tito Opfinger y la detención arbitraria del periodista Jaime Emma habían puesto a la justicia de San Luis ante los medios de alcance nacional como una de las peores del país, equiparable a la de Catamarca, con el Caso María Soledad.


El Adolfo mostró su capacidad de manipulación, sentó en una mesa de negociación a la cúpula de la UCR y les hizo firmar un Acta de Responsabilidad con la que durante un año se los sacó de encima. “Ante la grave situación que atraviesa el Poder Judicial se acuerda consensuar soluciones inmediatas y definitivas que reviertan la situación crítica antes referida, en la cual bajo ningún aspecto deben inmiscuirse especulaciones políticas, sectoriales, corporativas, como así tampoco de personas, grupos o factores comprometidos”. Suena increíble, pero los radicales firmaron eso. Una fuente consultada hace poco especuló que los radicales olfatearon el crecimiento territorial del menemismo y entonces decidieron arreglar con el Adolfo para frenarlo.


Entre los puntos salientes los ingenuos radicales creyeron que el Adolfo iba a sanear el Poder Judicial de militantes políticos encaramados en la función de jueces; que se iba a acabar la sanción ficta de las leyes; que se iba a terminar la reelección indefinida y que iba a acceder a analizar la cantidad de diputados inflada de manera obscena en la reforma de 1987. De todas las promesas el Adolfo solo cumplió dos: la derogación del Per Saltum, que había tenido resultados calamitosos con la intervención del Superior Tribunal en el Caso Luna Martínez, y la reducción de miembros del Superior Tribunal de 9 a 5.

En febrero de 1994, cuando los radicales cayeron en la cuenta que todo había sido una farsa, fue la Lilia desde la Subsecretaría de Gobierno la encargada de ponerlos en caja. El Adolfo entonces armó otra comisión y la Lilia dijo que no entendía por qué andaban chillando los radicales si, según sus cuentas, el Adolfo había cumplido todo.


Dos años antes, en noviembre de 1992, los Rodríguez Saá en sociedad con el Obispo Laise habían lanzado un ataque frontal contra la Universidad Nacional de San Luis y en particular contra el sociólogo Roberto Tato Iglesias, uno de los críticos del gobierno más lúcidos y severos. El Tato en una clase de sociología había impulsado la representación de una obra de teatro acerca del postmodernismo, en el que un estudiante rompía un pequeño crucifijo y lo arrojaba al piso gesto que detonó un la realización de una marcha de católicos, la declaración de persona no grata contra Iglesias, amenazas de muerte contra el profesor y su familia, todo coordinado por la ultracatólica Lilia Novillo.


“Durante cuatro meses no dormimos en nuestra casa por miedo a que nos pusieran una bomba”, dijo el Tato hace poco. El padre de la Lilia diez años antes desde la Jefatura de Policía había encabezado una exigencia de censura contra la película de Jean Luc Godard “Yo te saludo, María”. La Lilia, con los años, sería uno de los ministros del Superior Tribunal que se hicieron los otarios a la hora de reglamentar el protocolo de “aborto no punible”.


La Lilia luego de diputada fue Fiscal de Estado Adjunta y desde allí junto a Carlos Cobo, encabezó la embestida de los Rodríguez Saá contra los Intendentes Carlos Ponce, Walter Aguilar y Enrique Pairone. Los Rodríguez Saá, que a lo largo de cuatro décadas hicieron del clientelismo una herramienta desvergonzada a la hora de comprar votos, en enero de 2001 se opusieron de manera encarnizada a que los intendentes opositores recibieran ayuda desde el gobierno nacional como por ejemplo cajas de mercaderías y Aportes del Tesoro Nacional.


Los actuales ministros del Superior Tribunal Lilia Novillo y Carlos Cobo aseguraron que Ponce, Pairone y Aguilar acopiaban cajas de mercadería y no las repartían de inmediato. Respecto a los ATN, el Alberto – que en ese entonces era senador- consiguió un par de firmas en el Senado e impulsó un proyecto para que los ATN no fueran directo a los opositores, sino que antes pasaran por la provincia y de ese modo poderlos pisar indefinidamente.


La Lilia en 2002 como diputada provincial fue miembro informante a la hora de impedir que asumiera la banca el diputado electo Raúl Laborda. Presidía la Cámara de Diputados nada menos que Carlos Sergnese, quien había sido acusado por Laborda de ser el autor intelectual del homicidio de un socio suyo, el abogado Pueyo Murillo. La Lilia entonces fue la encargada de informarle a Laborda que por tiempo indeterminado no asumiría la banca dado que, según andaban diciendo, el diputado electo tendría una causa penal en Rosario o en Mendoza. Así de precisa fue la argumentación hoy aviesamente eliminada del archivo que la Cámara de Diputados posee en internet.


Oradora destacada arriba del carro del Alberto durante Navidad sin Ponce, más acá en el tiempo la Lilia ya en el cargo de ministra del Superior Tribunal fue denunciada penalmente por la contratación directa de la empresa CORADIR, de la que su hijo es vicepresidente. CORADIR de ser una empresita minúscula que funcionaba en una oficinita de dos por dos en San Martín casi 9 de Julio, se hizo cargo sin licitación de la informatización de Tribunales. El último de los papelones judiciales de la Lilia fue en 2015, cuando luego de anunciar (como Los Chalchaleros) que se retiraba de la política, renunció al cargo de ministra, se presentó como precandidata, perdió por paliza y a los dos meses volvió a asumir en la máxima instancia del Poder Judicial. Desde luego, que nadie diga que el Poder Judicial está lleno de empleados de los Rodríguez Saá, porque la Lilia se ofende.