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Extinción de dominio: Rodríguez Saá votó una farsa que le asegura impunidad

En San Luis desde la vuelta de la democracia en 1983 la mayoría de la ciudadanía recuerda el exiguo patrimonio de los hermanos Rodríguez Saá. Una casa hipotecada y un autito chocado, una esposa docente para Adolfo y para Alberto un cargo de profesor de dibujo obtenido durante la dictadura militar.

El crecimiento patrimonial pavoroso y obsceno amparado por el “roban pero hacen” en cinco años ubicaron a los Rodríguez Saá entre los “empresarios” de mayor poderío económico de la región Cuyo. En 1990 Juan José Laborda Ibarra y Arturo Petrino denunciaron a Adolfo Rodríguez Saá por enriquecimiento ilícito pero el entonces juez Guillermo Levingston archivó la causa porque a su criterio solo estaba calculada para generar escándalo mediático.


La denuncia se sostenía en la evidente venta de decretos de radicación industrial y en el usufructo de la obra pública estatal a través de empresas constructoras en las que figuraban como dueños parientes directos de los Rodríguez Saá. Ese primer sofocón les sirvió entonces para copiar el modelo de corrupción que ya aplicaba el entonces gobernador Eduardo Duhalde a través de Victorio Gualtieri y que luego aplicaría Néstor Kirchner con Lázaro Báez, una empresa constructora de apariencia ajena, pero que con los años dejaría en evidencia el armado de licitaciones a medida con el solo objetivo de acaparar la caja de la obra pública.

Los primeros cinco años de gobierno de los Rodríguez Saá fueron los de la pizza con champagne de la radicación industrial y luego aparecieron las obras faraónicas que de a poco fueron quedando en manos de Rovella y Carranza, desplazando incluso a Gualtieri. De las 25 empresas constructoras que había en San Luis a principios de los 90 no quedó ninguna y para llevarlas a la quiebra el gobierno empleó el Banco Provincia, porque en esa época el gobierno les exigía a las empresas que para acceder a un contrato de obra antes debían tener cuenta en el Banco, así entonces el gobierno depositaba allí el adelanto de obra del 20 por ciento y los constructores estaban obligados a entregar esa suma completa a los cajeros designados por los Rodríguez Saá. Miguel Ángel Gutiérrez Díaz para la obra pública, Víctor Hugo Hissa, Mario Divizia, Gustavo Cerioni y Oscar Ruggieri, entre otros, para la venta de decretos de radicación.


El patrimonio de los Rodríguez Saá creció de tal manera que incluyó negocios agropecuarios, casinos y hoteles de lujo. Una muestra del descomunal poder económico de los Rodríguez Saá es la llamada “Operación Hereford”, una reciente causa penal por abigeato en la que fuentes policiales aseguran que un grupo de cuatreros les estuvieron robando vacas durante siete años sin que los hermanos se dieran cuenta.


Hace veinte días el Senado de la Nación debatió la Ley de Extinción de Dominio, un proyecto impulsado por el macrismo para recuperar desde el Estado la titularidad de los bienes acumulados por los caciques enquistados en la política -la mayoría de origen pobretón y hoy transformados en magnates- quienes no pueden demostrar el origen lícito de esos bienes. El proyecto de Federico Pinedo otorgaba al fuero civil la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal, incluso antes de que haya condena, pero además establecía que la figura podía aplicarse a las causas que ya estén en curso o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

Sin embargo el Bloque Justicialista invocó la jurisprudencia que determina que las leyes penales no pueden ser retroactivas y modificó el proyecto de acuerdo a su conveniencia. El proyecto de Cambiemos disponía la aplicación de la medida desde el fuero civil, mientras que la iniciativa aprobada por el justicialismo ubica la potestad en el fuero penal.

Si se multiplican los sueldos de los hermanos Rodríguez Saá y los de su círculo familiar es imposible que la ecuación se aproxime a una fortuna que ya aseguró el bienestar económico de tres generaciones. Sin ir más lejos, cuando en 1999 los hermanos acordaron la frustrada venta del Diario de la República al Grupo Vila, la empresa fue valuada en 10 millones de dólares.


La experiencia de los países centroamericano cuyas economías cayeron en manos del narcotráfico indica que la farsa votada impulsada por el PJ no es Extinción de Dominio, porque la idea original iba dirigida a bienes y no a personas como una consecuencia principal, porque el fin directo de la sentencia es recuperar bienes; no así el decomiso, que es una consecuencia de una causa penal. Además el PJ consiguió limitar el proyecto a algunos delitos para confundirlo entonces con el decomiso que es una consecuencia accesoria.


La Extensión de Dominio es independiente de la comprobación de un delito y se le aplica la carga dinámica de la prueba, donde el deber probatorio recae en la parte que está en condiciones de aportar la evidencia. Además la Extensión de Dominio es un proceso más rápido porque carece de todas las etapas del proceso penal.

Sin embargo la Extensión de Dominio requiere de un sistema autónomo de administración y disposición de bienes extinguidos, con amplias facultades para el manejo de los bienes. Además la ley requiere de un procedimiento específico, un fuero específico y un órgano específico de administración de esos bienes.


Con la experiencia de las causas por corrupción originadas durante el menemismo de las cuales algunas prescribieron y otros tienen sentencias recientes, el proyecto votado por Adolfo Rodríguez Saá en el Senado está destinado a garantizar impunidad para los corruptos, dado que sostiene que la Extinción de Dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia.