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En una sesión cargada de denuncias, los diputados de Rodríguez Saá aprobaron la Cuenta de Inversión

Mientras el rodriguezsaaísmo se hace el quisquilloso con la administración de las intendencias que no son de su color político, cuando se trata de los gastos millonarios del Gobierno provincial se olvidan de tener el mismo rigor. Con los 24 votos automáticos de los oficialistas les alcanzó para hacer la vista gorda al déficit financiero de la provincia que ha provocado el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

El bloque de Avanzar y Cambiemos no aprobó los gastos y cuestionaron la deuda de $1.400 millones y el rojo de casi 900 millones que produjeron las erogaciones de la última campaña. Hubo actitudes negacionistas como la de Alfredo Domínguez que dijo estar “orgulloso” de presentar los números y como si no fuera suficiente afirmó que había superávit financiero, dato que demuestra que si Domínguez no fuera diputado difícilmente sobreviviría haciendo otra cosa porque es incapaz de leer un balance.

Alberto Fara (Avanzar-Cambiemos) le refrescó la memoria al entusiasta Domínguez, e hizo un recorrido por todas las cifras en rojo, mal liquidadas, movimiento descontrolado de partidas y demás irregularidades que presentaba la Cuenta de Inversión 2017, destacando la venta de $2400 millones de títulos públicos provinciales.

El oficialista Marcelo Sosa lejos de debatir los números hizo un discurso de campaña, repartiendo críticas al Gobierno nacional y derramando loas para el gobernador, incluso repitiendo frases de discursos de Rodríguez Saá como si fueran un mantra, creyó que tal vez así el rojo de casi 900 millones se esfumaría mágicamente de los papeles.

Alejandro Cacace volvió a los datos duros luego del trip alucinógeno de los diputados rodriguezsaaístas que viven en un universo paralelo donde las cuentas siempre les dan, y acusó que en solo 3 meses de campaña el Gobierno gastó más de tres mil millones de pesos. Luego Fara expuso que los gastos en meses de campaña se elevaron a 3.600 Millones “son más de 6 mil casas, más de 20.000 puestos de trabajo”.

Cacace afirmó que la provincia gasta más que lo que ingresa y que “el gobernador de la provincia toma los presupuestos que sanciona esta legislatura y hace de esos presupuestos lo que quiere”, que reasigna partidas a su antojo y no respeta el límite estipulado del 27%. Atribuyó el escandaloso nivel de gastos a que el gobierno perdió las PASO de 2017 e incumplió todo el presupuesto presentado para ese año.

Fara continuó con los datos fríos que no dejan lugar a dudas de las irregularidades producidas: “En subsidios de ministros y secretarios de Estado: presupuestados $8 millones y ejecutados $322 millones. Gastos reservados presupuestados $28 millones, ejecutados $83 millones. Los ATP (Aportes del Tesoro Provincial) para los municipios del oficialismo que se dieron en la época de las elecciones fueron $164 millones. En el plan Trabajo por San Luis se programaron $190 millones, y se ejecutados $1.480 millones. En prensa se presupuestaron $90 millones y se gastaron $370 millones”. En soluciones habitacionales e infraestructura se dedicaron $193 millones, es decir el 0,7% de los ingresos, una provincia que se jactó de darle vivienda a todos los habitantes, ahora no alcanza el 1%”, afirmó Fara.

Pablo Zamora defendió las reasignaciones de partidas y el incumplimiento del presupuesto por “la inflación y la  baja de consumo”.

Joaquín Mansilla de Libres del Sur comparó los gastos reservados del Gobernador con lo invertido en los famosos merenderos electorales: “abrieron merenderos que se llenaron de niños buscando alimentos y en febrero cerraron más de 400. Los alimentos que se dan no atienden las necesidades nutricionales de chicos en etapa de crecimiento”, y  agregó que “en la copa de leche se invirtieron $76 millones, mientras que los gastos reservados del gobernador llegaron a $83 millones”.

Entre los recortes de presupuestos para destinar fondos a objetivos políticos y reasignaciones de 2017 también fueron mencionados los cambios por caprichos y las “ideas” del Gobernador: el 55% del presupuesto recortado al mantenimiento de las escuelas mientras se destinaron 507 millones de pesos a las escuelas generativas en clubes, y los 80 millones que ya tienen denuncia en la Justicia que el Gobierno entregó a la Fundación de Gisela Vartalatis, esposa de Adolfo Rodríguez Saá.