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EL SILENCIO ES CÓMPLICE. Continúan los alegatos en el 3º Juicio por Delitos de Lesa Humanidad

Este viernes 1 de febrero se dio continuidad a los alegatos en el 3º Juicio de Lesa Humanidad en la provincia, por delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar. Son juzgados el ex juez Federal, Eduardo Allende, el ex fiscal Federal Hipólito Saá, Jorge Omar Caram, quien era médico de la Policía de San Luis, y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps. Los alegatos continuarán el 14 y 15 de febrero y se espera que para el mes de marzo, el Tribunal dicte una sentencia.

Este proceso comenzó en febrero del 2018, a cargo de los jueces federales Maria Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli del Tribunal Federal de Mendoza, y Julian Falcucci de la provincia de Córdoba; mientras que Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid representarán al Ministerio Público Fiscal y como querellante se encuentra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Regional San Luis, representada por Norberto Foresti.


A los imputados, un ex juez, un ex fiscal -ambos con competencia federal- un médico policial y un ex militar, se los acusa de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormento. El Ministerio Público Fiscal entiende que la participación de los acusados fue completamente necesaria en el plan de secuestro y desaparición propio del terrorismo de Estado a partir de 1976. Tanto Allende como Saá, en sus cargos de competencia federal, no investigaban las atrocidades que se desarrollaban durante la época, es decir los secuestros y detenciones irregulares. Claramente esto demuestra la complicidad directa que operaba entre la dictadura y el Poder Judicial de San Luis.


Por otro lado, se encuentra el ex teniente Camps. Camps es reconocido por la sociedad puntana, ya que ha ocupado una larga lista de cargos como funcionario del actual gobernador Alberto Rodriguez Saá, siendo hombre de confianza de este. Ya desde 2002 y 2003, Camps era beneficiado con la beca BAS XXI, ejerciendo como artista, luego Alberto lo nombró como jefe del Subprograma de Seguridad Comunitaria. En diciembre de 2007, Camps es designado jefe del Programa de Inclusión Social, también fue coordinador Ministerial del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano hasta 2009. Y por último el gobernador elige al genocida para ser el titular del Espacio Cultural Terrazas de Portezuelo, hasta el 2014. Luego, desde el 2º juicio a los genocidas de San Luis, Camps comienza a ser detenido en reiteradas oportunidades, ya que el Tribunal Oral Federal lo considera absolutamente necesario .


Durante la dictadura, Camps era jefe de Batería, Comando y Servicios y tuvo intervención directa en durante las operaciones que se realizaron en Quines y Luján, estaban encargado de los allanamientos y las detenciones.


Integrando los grupos de interrogatorio junto a Camps, se encontraba Caram quien era médico cirujano de la Policía provincial desde 1974, específicamente en la División Criminalística y en el Departamento de Personal. La tarea de Caram era revisar a las víctimas durante las sesiones de tortura en los centros clandestinos de detención del D2 y Comisaría Nº 4 de la ciudad.


La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Regional San Luis ya había advertido al Gobierno de San Luis sobre las acusaciones que pesaban sobre el funcionario Camps, sin embargo nunca existió decisión política alguna de separarlo de la cartera, muy por el contrario, al genocida se lo avala y sostiene.


Llama fuertemente la atención la falta de interés de los medios oficiales por informar a la sociedad del proceso que se está desarrollando y quiénes son los acusados. Posiblemente se deba al continuo sostén que le brinda Alberto Rodríguez Saá a su Camps.


Sin embargo, esto no es de extrañar, cabe recordar que, en 1978, participó junto a veintidós personas, de la carta dirigida al entonces Almirante Massera, solicitando a los dictadores "investigación exhaustiva y el castigo ejemplar" para un grupo de personas de San Luis, calificadas como “subversivas”.