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El rodriguezsaaísmo hace operaciones mediáticas contra opositores

En la jornada de ayer martes 17 de abril circuló en medios afines al rodriguezsaaísmo una supuesta denuncia judicial realizada por un abogado cercano a ese sector político, con evidente intención de marcar agenda debido a recientes hechos que incomodan la hegemonía del poder provincial.

La misma intenta oscurecer y llenar de dudas la gestión de funcionarios municipales, recurriendo a la presunta denuncia de un ex empleado de la administración de la ciudad de San Luis, de nombre José Adolfo Martínez, que dejó de prestar servicios a mediados del año pasado, y que habría afirmado a este abogado cercano a los Rodríguez Saá que su firma fue falsificada en un documento público referido a obras de viviendas con la intención de favorecer pagos a una de las empresas constructoras.

El abogado en cuestión que se ha prestado a esta farsa, además habría intentado extorsionar a funcionarios municipales por dinero para no hacer la denuncia. Ahora se entiende que su objetivo habría sido conseguir el pago de un soborno para adjuntarlo a las livianas acusaciones de su representado. Si hay algo en lo que ese abogado es malo y peor político es en no conocer al adversario, nadie extorsiona al Ejecutivo municipal y sale ganando. Es conocida la intransigencia del actual Intendente con propios y extraños, primero no permitiría que ningún funcionario acepte una situación extorsiva y segundo, si una propuesta así se la hicieran a él, sería el primero en hacerlo público.

Es llamativo que la supuesta denuncia salte justo ahora cuando las reuniones cordiales y de buen tono que están sosteniendo sectores de la oposición al gobierno provincial tomaron estado público, y han generado innumerables adhesiones de sectores políticos, organizaciones civiles y ciudadanos en general .

Esta respuesta positiva a situaciones como la reunión cordial entre el Intendente de la ciudad Enrique Ponce y el senador Claudio Poggi para promover que los municipios reciban el fondo solidario de la soja, ha puesto muy nervioso al Gobierno provincial. El rodriguezsaaísmo, que es adepto a las operaciones periodísticas y judiciales para mantener en la retaguardia a sus oponentes, una vez más recurrió a esos artilugios. Como nunca pueden encontrar razones de peso con las cuales atacar gestiones transparentes, recurren a personajes de ninguna importancia en la administración y que en su resentimiento  son fáciles de vender voluntades al mejor postor para armar estas operaciones y ensuciar pues practican el “miente, miente que algo queda".

Al respecto, la Dirección de Vivienda del municipio capitalino emitió un comunicado aclarando las circunstancias que tergiversa la denuncia mediática: “como en otras oportunidades, el aparato mediático que responde al Gobierno Provincial, invocando una presunta denuncia judicial realizada por un abogado que fue candidato a Intendente en las elecciones del 2015, ha difundido información acerca de una inexistente falsificación de firmas de certificados de obra.”

“Previo a la presentación que habría realizado el abogado denunciante, este letrado solicitó a funcionarios municipales la suma de 350.000 pesos en concepto de honorarios para no continuar adelante con la denuncia. La respuesta de los funcionarios fue que debía encauzar el reclamo mediante un expediente por Mesa  de Entradas.”

“Respecto a los hechos que han trascendido, la Municipalidad niega de manera categórica dichas afirmaciones, y hace conocer que, la persona a la que estaría representando el abogado se trata de José Adolfo Martínez quien estuvo contratado por la Municipalidad desde el 30 de enero de  2014 hasta el 18 de julio de 2017, cumpliendo funciones como Inspector de Obra en las licitaciones Plan Plurianual de Viviendas Tipología 2D-Etapas 5, 6,7 y 8 , de las cuales fueron concluidas la etapas 5 y 6, con la entrega de viviendas que se hizo entre abril y septiembre de 2016, mientras que en el caso de las etapas 7 y 8, las viviendas en cuestión fueron usurpadas en agosto de 2015 previo a las elecciones municipales.”

“Luego de la usurpación, el Inspector José Adolfo Martínez realizó un relevamiento que fue remitido a la Nación para solicitar nuevos fondos con el objeto de continuar con la construcción de aquellas viviendas pero hasta la actualidad no han sido recibidos.”

“Ante esta situación de inactividad en las tareas para las cuales Martínez había sido contratado, la Municipalidad le ofreció el  traslado al Corralón Municipal a efectos de que cumpliera funciones en el Laboratorio de Hormigón, trabajo que al no ser aceptado por Martínez motivo que el día 18 de julio de 2017 fuera dado de baja, desvinculándose a partir de esa fecha del Municipio y sin que el mismo hubiera efectuado reclamo o denuncia alguna.”