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El pasado los condena: los Rodríguez Saá y el uso del poder judicial contra sus opositores

Desde que los Rodríguez Saá llegaron al poder su principal obsesión fue el dominio absoluto del Poder Judicial, no solamente como un reaseguro de impunidad ante el enriquecimiento ilícito evidente, sino también como herramienta de dominación política. El “retiro de documentación a la municipalidad”, así entrecomillas, ordenado el viernes por la jueza Virginia Palacios en la causa iniciada a partir de una falsa denuncia radicada por el ex concejal Alfonso Vergés, pone en evidencia la utilización de la justicia con fines netamente políticos.

Desde luego que la Justicia no solo es usada con fines partidarios sino también económicos, porque los nombres de Vergés y Palacios están asociados a una causa de reciente trámite como es la denominada “Operación Hereford”, donde la justicia asegura que está investigando a una banda que robaba y vendía ganado. Sin embargo, en un rastreo casero por los archivos no existen demasiados antecedentes donde la justicia provincial haya puesto tanto empeño en encontrar a un grupo de cuatreros, a pesar de la cantidad de denuncias de pequeños productores a quienes el abigeato los puso al borde de la quiebra.


La información que circula es que en el caso de la rimbombante Operación Hereford el verdadero damnificado es Adolfo Rodríguez Saá, quien utilizaría como testaferro a un hermano del ex concejal Vergés y que esa fue la causa de la movilización policial y judicial que hace dos meses conmocionó la provincia con allanamientos sorpresivos, además de la payasesca aparición del ministro de Seguridad a bordo de una avioneta alquilada a la que, para hacer más cinematográfico el operativo, le adosaron un ploteo de vinilo con el escudo y los colores de la policía.


Existe otro hecho parecido a la Operación Hereford, en agosto de 2005, cuando los Rodríguez Saá movilizaron a la Policía y a la Justicia para quedarse con una cantera. La información provista en aquel entonces por una fuente de la investigación fue que los Rodríguez Saá querían comprar una cantera, pero el propietario se negó a vender en reiteradas oportunidades. Decididos entonces a salirse con la suya, los hermanos armaron una operación que tuvo como finalidad conseguir que el RENAR le quitara al obstinado propietario la licencia para manipular explosivos.


Un jueves de agosto a las 5 de la tarde la ciudad se llenó de patrulleros, bomberos y ambulancias que desde todas direcciones confluyeron en el Hotel Quintana. La noticia era que un individuo con una mochilita estaba intentando vender cartuchos de dinamita en el lobby del hotel. De inmediato el joven fue detenido y llevado ante el juez Robledo quien, luego de unas horas, decretó la libertad. Pero los Rodríguez Saá consiguieron, al menos, perjudicar al dueño de la cantera porque en pocas horas el operativo fue noticia nacional.


La sucesión de hechos donde los Rodríguez Saá han utilizado a los jueces como si fueran un apéndice del Poder Ejecutivo remiten a, por ejemplo, las denuncias de abuso sexual contra la orden de los curas Amigonianos que manejaban la Colonia Hogar; o las denuncias contra el intendente Carlos Ponce por las que la ex apoderada del PUL y luego jueza del Crimen, Sandra Piquillem, insistía en llamarlo a indagatoria. El ex concejal Martín Tozzetto, acusado de contratar a una empleada doméstica como empleada del Concejo, se presentó a indagatoria ante Piquillem y la jueza de inmediato lo envió a la penitenciaría durante dos meses. Cuando salió en libertad Tozzetto se suicidó.


Es interminable la lista de casos de utilización de la justicia con fines político partidariso por parte del gobierno, tal como ocurrió con la convocatoria a elecciones municipales efectuada por Carlos Ponce en 2003, donde la justicia provincial de todas las instancias intervino de manera reiterada para anular la convocatoria municipal.

Carlos Sergnese, apoderado del PJ presidió el Superior Tribunal, pero también fueron ministros nada menos que Luis Amitrano, Luis Argentino Escudero Gauna y Guillermo Catalfamo, todos ellos militantes del PJ. Sin embargo uno de los casos más groseros fue el de Lilia Novillo, quien poco antes de asumir como jueza anunció que se retiraba de la política, pero el retiro no fue definitivo porque renunció al Superior Tribunal para candidatearse a intendenta y como perdió, volvió al poco tiempo al máximo órgano judicial de la provincia.


Basta recorrer la historia de los últimos 35 años de la provincia para contabilizar un 80 por ciento de jueces con militancia política dentro del oficialismo o bien, magistrados emparentados con referentes del oficialismo, tal es el caso de la jueza Palacios, quien fue pareja de Friddy Bassi, hijo del dueño de un taller mecánico que luego desde la Dirección de Vialidad se transformó en próspero empresario. Pero los vínculos de Palacios con el poder no concluyen ahí, porque hace poco la jueza rompió su relación con Bassi y formó pareja con Alberto Rodríguez Saá (h)