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El lunes comienza el juicio contra Freixes y Mario Zavala por las renuncias anticipadas de jueces

El próximo lunes 22 de octubre el Tribunal Oral Federal de San Luis comenzará a juzgar la conducta del actual ministro del Campo y Medio Ambiente, Sergio Freixes, como así también la del ex viceministro de la Legalidad, Mario Zavala, ambos acusados del delito de coacción agravada contra un grupo de jueces y funcionarios judiciales, a quienes les exigían la firma de la renuncia en blanco antes de tomarles juramento en los cargos para los cuales habían rendido concurso.

Los jueces Alejandro Piña, Paula Marisi y Roberto Nasif juzgarán entonces a los involucrados es un escándalo judicial sin precedentes que estalló en abril de 2005, cuando la entonces Fiscal del Crimen Número 3 de Villa Mercedes, Gretel Diamante, denunció ante la justicia federal que funcionarios del gobernador Alberto Rodríguez Saá exigían que los jueces y funcionarios judiciales presentaran la renuncia anticipada y en blanco para nombrarlos en el cargo.


En febrero de ese año y a través del Diario de la República el gobierno generó un clima de crisis e intentó instalar la idea de que el Poder Judicial solo superaría el conflicto si todos los jueces presentaban la renuncia. Fue entonces que durante varios días el Diario publicó una serie de renuncias de jueces las cuales -se supo luego- fueron presentadas antes de la toma de juramento, ceremonia que incluso no se llegó a cumplir.


El gobierno les aceptaba la renuncia a los jueces que ni siquiera habían asumido con la intención de que los demás magistrados imitaran esa determinación. En la mayoría de los casos esos jueces que firmaron en blanco se enteraron a través del Diario cuando les aceptaron la renuncia pero, salvo Marina Zilioto, los otros nueve involucrados luego fueron recompensados por Rodríguez Saá quien los volvió a designar.


Gretel Diamante aportó el testimonio de Marina Zilioto, quien había rendido examen para Juez de Cámara y fue citada por Zavala y Freixes con quienes mantuvo un altercado cuando le exigieron que convocara a una conferencia de prensa para denunciar por mal desempeño a los camaristas Domingo Flores y Carlos Salomón. Zilioto aseguró que fue presionada a firmar en blanco por Freixes y Zavala, quien le recordó que él manejaba la policía “y yo fui quien encontró el cadáver de Darío Gramaglia”.


De inmediato el gobierno envió a Viviana Moreira –esposa del entonces ministro de la Legalidad- y a Ricardo Fadón, un funcionario gubernamental del tercera línea, a intentar convencer a Zilioto para que se retractara de la denuncia a cambio de un cargo en el gobierno, pero la conversación llevada a cabo en el living de la casa de Zilioto fue filmada con una cámara oculta provista por el Estudio Whotman Jofre y luego fue aportada como prueba ante la justicia.


En la filmación, cuando Zilioto sale del living hacia la cocina, Viviana Moreira mira debajo de la mesa y le pregunta a Fadón si allí no habría una cámara oculta. Luego Sergio Freixes mintió cuando la prensa le preguntó acerca de ese comentario de Moreira y dijo que “estaba mirando en el piso porque se le había caído un aro”.


También fue filmada la entonces jueza Marta Vallica San Martín de Figari, quien confesó que efectivamente la metodología implementada por Freixes y Zavala consistía en exigir la renuncia anticipada y en blanco, de lo contrario no habría asunciones en el Poder Judicial. Víctor Endeiza renunció al cargo que no había asumido pero mantenía el que había ejercido hasta entonces; Fernando Spagnuolo confesó que le habían pedido la renuncia anticipada pero como no sabía a quién entregarla, la presentó por Secretaría Administrativa; a algunas renuncias como no tenían fecha, para aceptarlas les aplicaron un sello fechador del Ministerio de la Legalidad y otras –se demostró con una pericia documentológica- fueron impresas en la impresora de ese ministerio hecho que ratifica la denuncia de que se trataba de un documento que ya estaba escrito de antemano y donde el renunciante solo ponía la firma.


Marina Zilioto denunció que fue convocada por Zavala y Freixes, quienes le recordaron “lo dura que estaba la calle” y le aseveraron que necesitaban de su ayuda para presionar a los camaristas Carlos Salomón y Domingo Flores. Zilioto no accedió, se retiró del despacho de Zavala y a las pocas horas supo por los medios que le habían aceptado la renuncia.


Los jueces a través de una disposición constitucional son inamovibles de los cargos, salvo renuncia o destitución, sin embargo Gabriel Leonhard cuando fue consultado por la fiscal Gretel Diamante reconoció que recibió un llamado del funcionario del Poder Ejecutivo Mario Zavala y que de inmediato accedió a presentar la renuncia. La actual jueza de Familia, Viviana Oste reconoció otro tanto pero aseguró que renunció por decisión propia. Vallica San Martín era jueza del Crimen y reconoció que firmó anticipado y en blanco pero que no podía volver atrás porque temía “que me hagan cagar el cargo que tengo”.


El trámite de la causa se dilató durante 15 años a raíz de los permanentes planteos de Mario Zavala, a quien el Tribunal le rechazó todos los requerimientos. Otros involucrados en el escándalo son el actual fiscal de Cámara, Gabriel Lutens; La fiscal Subrogante, Verónica Alonso; el ex camarista Humberto Agúndez y el ex juez de Sentencia Néstor Spagnuolo.


Incluso Zavala llegó al extremo de aportar testigos falsos, entre ellos el periodista militante del PJ Arturo Masjoan y el actual ministro de Seguridad, Diego González. También la periodista Gloria Velázquez está involucrada en la causa, porque Marina Zilioto aseguró que fue ella una de las emisarias enviadas por Mario Zavala para ofrecerle un cargo en el Superior Tribunal a cambio de la retractación pública de la denuncia.