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El hospital prometido en 2017 costará el doble mientras reducen a la mitad los fondos para viviendas

Para viviendas Alberto Rodríguez Saá prácticamente no aumentó el presupuesto a pesar de la devaluación mientras costará $1.300 millones en caminos a la orilla de los ríos en terrenos expropiados a pequeños productores.

Las obras prometidas por el gobernador en la campaña electoral de 2017 y que no se realizaron, ahora costarán un 125% más por no haberse construido cuando fueron anunciadas.

Una de esas obras fue la promesa de un nuevo hospital central que fue ingresada al presupuesto de 2018 pero hasta ahora no se inició. El costo indicado para este año era de $1.327 millones pero no se realizó, y ahora Alberto Rodríguez Saá ha vuelto a incluirla en el presupuesto de 2019 a más del doble del costo: $3.000 millones. Las demoras en concretar las obras prometidas provocaron que los costos aumenten por la suba del dólar y la devaluación del peso. Los puntanos terminarán pagando al exhorbitante diferencia de un 125% más para construir el hospital.

Al mismo tiempo, los fondos presupuestados para vivienda prácticamente no tuvieron aumento lo que significa un recorte a los fondos para unidades habitacionales de más de un 40%, otra de las promesas incumplidas del gobierno durante 2017. El aumento de presupuesto para viviendas es apenas del 2,47%, eso recorta a la mitad el presupuesto que por ejemplo se tuvo este año en el que no se anunció ninguna. La medida hace pensar que el gobierno no piensa cumplir con las viviendas y que seguirá destinando fondos a planes sociales para las elecciones de 2019.

Sin embargo, a Seguridad se le dio un 52% más de presupuesto contra el 2,47% destinado a viviendas. El control social estará por encima de solucionar los problemas habitacionales.

El gasto más llamativo y que nadie ha pedido ni satisface necesidades urgentes, y que además quita terrenos a pequeños propietarios que, en algunos casos, pierden toda su propiedad por la expropiación, son los $1.300 millones que el gobierno provincial destinará a unos caminos a la orilla del Río V y el Conlara supuestamente con un objetivo turístico. Las sospechas hacen pensar, como ya ocurrió con otras obras de este tipo, que su objetivo es el acceso a propiedades de miembros del gobierno que necesitan esas rutas para la explotación comercial de sus empresas.

Mientras Alberto Rodríguez Saá no tiene apuro con las viviendas y el hospital, sí lo tiene con estos caminos: ya firmó los decretos y realizó el llamado a licitación para la construcción de esas rutas a la ribera de los ríos por $1.300 millones. La apertura de sobres de la licitación para saber qué empresas se llevarán el jugoso presupuesto será el 29 de octubre. Al mismo tiempo los propietarios de los terrenos expropiados padecen situaciones de angustia y desesperación ante el apuro gubernamental por hacer esos caminos que los deja sin tiempo de detener el atropello sobre sus propiedades ante una Justicia lenta que además responde al gobierno provincial.

Casi como burla, Alberto Rodríguez Saá les dijo a los propietarios que tomaran las expropiaciones “con alegría”, sin embargo nadie del gobierno se reunió con los dueños ni los consultó ni analizó con ellos los casos particulares de los que perderán casi el 100% de su propiedad. Se enteraron por los edictos publicados en el diario de la familia gobernante que sus tierras serían expropiadas.


Otro aspecto que esta obra afecta es el equilibrio ambiental. Alterar la vera de los ríos, realizar desmonte de miles de hectáreas de monte nativo que afectará fauna y flora modifiicando las condiciones ambientales de la zona, es un tema que no le preocupó en lo más mínimo al gobierno. Sabido es que el maquillaje de “ecologistas” es solo para el tribuneo; pasar topadoras por el monte y afectar cursos de ríos ya es tradición para el rodriguezsaaísmo, expropiar a la fuerza también.