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El gobierno quiere condicionar a los municipios con la partida de 700 millones

Primero llamó a los intendentes discriminados por la movida de su hermano Adolfo para decirles que incluiría una partida de $700 millones en el presupuesto para todos los municipios de la provincia; luego cambió la letra chica y condicionó a los municipios a darles el dinero solo si presentan proyectos para ser aprobados por el gobierno provincial.

La maña del viejo pacto provincia-municipios no se va de las ideas del oficialismo. Los intendentes consideran que avasalla las autonomías municipales.

La provincia no es condicionada por la Nación para recibir los fondos de coparticipación pero en San Luis las cosas son así: no se respetan las autonomías municipales además de tener una de las coparticipaciones a municipios más bajas del país.

Todo esto comenzó con un senador, Adolfo Rodríguez Saá, tomándose atribuciones en decidir que los legisladores provinciales que le responden agregaran fondos al presupuesto 2019 para algunos municipios de su agrado discriminando intendencias, entre ellas,  la ciudad de San Luis.

En la segunda etapa de este juego político maquiavélico que ejecutan los hermanos de “policía bueno, policía malo”, Alberto Rodríguez Saá llamó a los intendentes discriminados por su hermano y sus diputados y ofreció $700 millones a repartirse entre todos los municipios incluidos los que habían sido dejados de lado.

Pero luego los intendentes se encontraron con que el texto había sido cambiado y el gobierno exigía a los municipios presentar proyectos para condicionar la entrega de fondos, que serían aprobados o no por el gobierno provincial, a su antojo, sin respetar las autonomías municipales y las decisiones de los intendentes que son quiénes saben dónde hacen falta los recursos en sus localidades.

Por ejemplo, para la ciudad de San Luis que fue discriminada en la primera partida y además fue rechazado en diputados otorgar los fondos para suplir el subsidio nacional al transporte que dejará la empresa Transpuntano, la prioridad es esa: darle continuidad al servicio de transporte sin afectar los bolsillos de los vecinos con el traslado de los costos al boleto. El gobierno provincial agregó una cláusula condicionando el uso de los fondos a su aprobación y en la misma no se tiene en cuenta el transporte público de pasajeros ya que la exigencia es que los recursos se orienten a proyectos para cultura, educación, salud, seguridad, vivienda, deporte y comunicación, tres de las cuales como mínimo son obligación provincial y no municipal.

La disponibilidad de los fondos se volvió difusa con las condiciones que puso el gobierno. Cuando lo más acuciante para los municipios son obras de infraestructura y servicios o el transporte, Rodríguez Saá quiere que destinen los fondos a cuestiones recreativas o a tareas que le corresponden a la provincia.

Nada demuestra más lo alejado que está el poder provincial de la realidad de los municipios que el condicionamiento a los fondos que puso Alberto Rodríguez Saá. Donde un intendente necesita extender red de agua, el gobernador le pide que gaste los fondos que le darán en deporte.

El proyecto fue aprobado así en diputados con la mayoría automática del oficialismo provincial. Tanto los diputados supuestamente de Adolfo como los que son -también supuestamente- de Alberto, -o sea, son los mismos diputados- estuvieron dispuestos a votar dos veces cosas distintas sin decir ni un “pero” y ambas en contra de las autonomías municipales. En el medio del juego de los hermanos Rodríguez Saá por manipular a los municipios, quedan los intendentes, los vecinos y sus necesidades reales.

Por lo pronto, las localidades deberán responderle al gobernador que no aumentar el boleto es un proyecto de lucha contra la pobreza, que extender la red de agua y cloacas es hacer salud, que invertir en luminarias es dar seguridad; que a pesar de la flaca coparticipación de la provincia hacia las intendencias estas se ocupan con sus magros fondos de la cultura, la comunicación y el deporte; y que la provincia debería ocuparse de las viviendas, de la atención sanitaria y mejorar la policía en todas las localidades de la provincia, pero sobre todo elevar la coparticipación porque la actual es miserable y ha atado a las municipalidades a ser manipuladas políticamente por el gobierno provincial para evitar que los intendentes crezcan y no les hagan sombra en lo político.