• LPSL

El Gobierno usa a los kirchneristas albertistas para hostigar a la Municipalidad

El Gobierno Provincial a través de un grupo de dirigentes kirchneristas que de la Municipalidad saltaron a las filas de Rodríguez Saá, fogonea la protesta de veinte beneficiarias del Programa Ellas Hacen, quienes fueron dadas de baja por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, luego de que el gobierno nacional detectara que cobraban dos y hasta tres planes sociales. En octubre de 2017 las 900 beneficiarias de los programas Ellas Hacen y Argentina Trabaja fueron notificadas de que no podían percibir más de un plan social, sin embargo más de 400 de esas mujeres continuaron cobrando Ellas Hacen, los 7500 pesos del gobierno provincial y en algunos casos también Asignación Universal por Hijo, situación que fue resuelta por el Gobierno nacional este mes cuando luego de entrecruzar datos suspendió el pago a los casos de incompatibilidad.


Montados sobre ese descontento, dirigentes como Luis Cámara, Daniel Sosa, Gema Rosales y Heidi Vargas arengaron a través de las redes sociales la repulsa contra la Municipalidad, proveyéndoles además cubiertas para quemar y champas de pasto, que fueron arrojadas junto a otro tipo de proyectiles contra las oficinas municipales de Ayacucho 1041. Raúl Laborda no se quedó atrás y les acercó carteles con insultos contra Ponce, incluso una de las beneficiarias cuyos haberes fueron suspendidos amenazó a través de un mensaje de texto a la familia de una funcionaria municipal.


Luis Cámara hace una semana en Facebook lanzó una serie de amenazas contra Enrique Ponce y dejó al descubierto que la intención del presunto entrenador de boxeo siempre fue que la Municipalidad le pagara un buen sueldo para entrenar a sus dos o tres pupilos. Mientras trabajó en la Municipalidad, Cámara siempre estuvo fastidiado porque Ponce no accedió a los requerimientos deportivos del dirigente del Barrio Tibiletti y, por el contrario, lo puso a trabajar en Estacionamiento Medido, cargo donde Cámara no cumplió con las expectativas y finalmente a fines de 2017 fue desafectado. Respecto a las quejas por el mal desempeño de Cámara basta con remitirse a las redes sociales de 2015, 2016 y 2017 para notar la bronca de los vecinos por el mal funcionamiento del área a cargo de Cámara.

Con respecto a Daniel Sosa, en septiembre del año pasado un grupo de feriantes de Plaza Pringles mantuvo una reunión con funcionarios municipales para informar una serie de arbitrariedades cometidas por el dirigente del Movimiento Evita y por un grupo de laderos suyos, quienes pretendían transformar esa feria de artesanos en una unidad básica.


Concretamente los feriantes denunciaron que Sosa y los suyos les cobraban a todos los feriantes que percibían planes de Argentina Trabaja un porcentaje del beneficio, como así también algunos de ellos aseguraron que Sosa les requirió la colaboración de 2000 pesos a cada uno para operarse de la cadera.


Alertado el Intendente apartó a Sosa de la Dirección de la Economía Social y descubrió además entonces que los laderos que Sosa había puesto a manejar la feria les cobraban a los demás feriantes para vender en determinados días, mientras que ellos se habían asegurado una serie de puestos para explotarlos los siete días de la semana.


Además el malestar de los emprendedores tenía que ver con la determinación de la Municipalidad de que solo allí podían vender los artesanos productores, mientras que Sosa avanzaba con la permanente inclusión de revendedores encubiertos que le respondían políticamente. Sosa no solo se molestó por su apartamiento de la feria de Plaza Pringles, sino que además pretendía que Érica Márquez, su esposa, fuera contratada por la Municipalidad luego de que el INADI, donde durante el kirchnerismo Márquez ejerció como delegada, pasara a manos del macrismo.


Como Márquez intentó atrincherarse en el INADI para resistir su reemplazo pero no obtuvo respaldo ni siquiera dentro del mismo kirchnerismo, es que Sosa comenzó a operar para introducirla en la Municipalidad, llegando incluso a presionar con la posibilidad de que Márquez apareciera en una hipotética lista de concejales.


Luego de fracasar en varias tentativas de operaciones con los feriantes -quienes estaban hartos de los manejos del Movimiento Evita- Daniel Sosa ni bien saltó hacia Terrazas del Portezuelo comenzó a agitar contra la Municipalidad a los ocupantes de Barrio República y no tuvo pudores en subir a las redes sociales fotos con uno de los punteros políticos que encabezaba las protestas, abrazados con Rodríguez Saá.


En el caso de Gema Rosales, quien destila permanente odio contra Ponce, la dirigente transexual saltó de ser empleada de bloque Charo Domeniconi en los 90 al kirchnerismo y de allí pasó a las filas de los Rodríguez Saá. El enojo de Gema con la Municipalidad obedeció a que durante un año prácticamente no se presentó a trabajar amparada en una licencia por largo tratamiento ni tampoco presentó los proyectos a los que se había comprometido. Además Rosales, a pesar de no presentarse a trabajar,pretendía que la Intendencia incluyera en el organigrama municipal una Dirección destinada a los transexuales y como ese requerimiento nunca prosperó es que se fue dando un portazo.


Ante la determinación del Gobierno Nacional de ejercer un mayor control en el cobro de los planes sociales es que ese grupo de dirigentes ahora pretenden acusar al Municipio por una determinación nacional que, además, ya les había sido notificada a las beneficiarias en octubre del año pasado y para ello utilizan, entre otros, a la web edición abierta, una cuevita de extorsionadores que pretenden transformar la libertad de expresión en un permanente asalto a mano armada.   Esos dirigentes que antes daban la vida por Cristina Kirchner pero por dinero cambiaron de idea y ahora sostienen que la ex Presidenta es invotable, entonces apoyan con furia la postulación de Alberto Rodríguez Saá