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El Gobierno exige pagar de 60.000 a 120.000 pesos para cancelar deudas de $1800


El Gobierno de la provincia ha inundado los portales de noticias que le elogian todo por pauta con la publicidad de la cancelación anticipada de viviendas. En la publicidad promueven la cancelación anticipada de viviendas y que la escrituración sería “gratis” hasta el 31 de julio de este año. En el mismo aviso dice que se pueden averiguar los detalles en cualquier dependencia de Rentas de la Provincia. Pero en realidad es otro asalto al bolsillo del beneficiario.

Cuando las personas van a consultar a Rentas se encuentran con que el Gobierno les cobra decenas de miles de pesos extra para cancelar la deuda de la casa en concepto de “Derecho a la Cancelación Anticipada”, algo que vuelve un disparate y una burla el anuncio de la “escritura gratis”

Supongamos que un familia tiene las cuotas al día, tiene la escritura con la hipoteca de Gobierno y solo le quedan 20 cuotas de $90 pendientes de su vivienda social, son apenas $1800 que la familia decide destinar a la cancelación de la vivienda y así salvar en la escritura el tema de la hipoteca de Gobierno sobre la misma. Cuando esa familia va a Rentas le dicen que para pagar esos $1800 y cancelar esas 20 cuotas debe abonar un “derecho a la cancelación anticipada” de $60.000. ¿$60.000 para pagar $1.800?.

Hay planes que deben pagar aún más para poder cancelar su vivienda, no importa que estén al día y que la deuda de cuotas que les queda sea mínima, igual deben pagar ese “derecho” que es una maniobra recaudatoria del Gobierno provincial al no tener fondos para hacer más viviendas porque no ha adherido a ninguna resolución nacional ni siquiera a la que reparte fondos de Nación para viviendas a las provincias

Estos son los montos que el Gobierno exige pagar como “derecho a cancelación” para recién poder abonar tu deuda de la casa y cancelarla según tu plan de vivienda: Unidad productiva $117.000; Los Lapachos $80.000; Plan Sueño y Progreso $96.000; Viviendas sociales $ 60.000

Después de julio, estas cifras se duplicarán, así lo afirmó la Secretaria de Vivienda, Angela Gutiérrez de Gatto, en el sitio de noticias de Gobierno hace unas semanas. Todo esto está en la resolución Nº 6 de este año de la Secretaría de Vivienda de la Provincia que se ha convertido en un ente recaudatorio y que aún no ha dado ni un solo anuncio de construcción de nuevas viviendas ni ha iniciado licitaciones ni obras y tiene una lista de miles de inscriptos de las elecciones de 2017 esperando alguna novedad.

Aquellos que tenían su vivienda al día o ya habían regularizado  anteriormente su plan que era de “cuotas fijas y sin interés” ahora se les cobra con esta exigencia del Gobierno intereses solapados no previstos en el acuerdo original. Está visto que durante el mandato de Alberto Rodríguez Saá todo tiene que salir del bolsillo del ciudadano.