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El colegio de abogados socio de la Unidad Básica judicial

El próximo jueves el Colegio de Abogados renueva autoridades y estas elecciones resultaron un efímero recordatorio de la existencia del gremio de los letrados sanluiseños que, no hace tantos años, representaba un bastión de crítica permanente contra las políticas aplicadas durante casi 40 años por los Rodríguez Saá. No es que el gobierno haya cambiado, para nada, sino que el que desapareció de la escena fue el Colegio, que en poco tiempo se transformó en un negocio de familia que surfea la ola siempre hacia el lado de sus propios intereses económicos. Eso sí, vienen las elecciones y entonces las autoridades que pretenden ser reelectas salen a denunciar (tarde) una “crisis judicial” de la que han sido cómplices en silencio.

Desde la vuelta de la democracia el Colegio de Abogados fue siempre el bastión de reclamo por un Poder Judicial independiente y capacitado, contra el club de amigos que a los Rodríguez Saá les garantizó impunidad a pesar de encabezar durante décadas el ranking de los gobiernos provinciales más corruptos de la Argentina, con una familia que salió de la pobreza a fuerza de coimas y negociados y donde sus integrantes nunca trabajaron de otra cosa que no sea de políticos.


En 1997, hartos del tándem entre el Colegio de Abogados y la bancada de diputados opositores, los Rodríguez pusieron al frente del Poder Judicial a uno de los emblemas de la corrupción, el ex ministro Carlos Sergnese y además decidieron quitarle al Colegio la matrícula de los abogados, que desde entonces y por 8 años fue manejada por el Superior Tribunal. El gobierno de ese modo obligó a los abogados al ritual vergonzante del desfile por la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal, donde luego de que Sergnese les tomara juramento aparecerían al otro día escrachados en El Diario de la República. En noviembre de 1998 llegó el tiro de gracia cuando a través de la Ley Montero, el gobierno disolvió el Colegio de Abogados y les confiscó los bienes.


En 2005 fallo de la Corte Suprema y el escándalo por las renuncias de los jueces firmadas en blanco, determinó que los Rodríguez Saá entregaran algunos peones para ganar tiempo y, a fin de cuentas, quedarse con la partida. Los peones que quedaron en el camino fueron los ministros del Superior Tribunal Guillermo Catalfamo, Elvecia Gatica y Aníbal Astudillo, además del Procurador General Julio César Agúndez. En un gesto de “generosidad forzada” los Rodríguez Saá normalizaron graciosamente el Colegio de Abogados.


El recambio en el Superior Tribunal al principio entusiasmó a los escépticos porque en reemplazo de los ministros salientes fueron designados Florencio Rubio, Horacio Zavala Rodríguez y Omar Uría. Como contrapeso el gobierno no pudo con su naturaleza y designó nada menos que a Lilia Novillo, ex diputada y deudora contumaz del Banco Provincia y del Banco de Previsión. La grilla fue completada con un Procurador General acorde al paladar de los Rodríguez Saá, el abogado Fernando Estrada. Cambiar para que nada cambie.


En apenas dos años los tres ministros “independientes” alertaron por lo bajo que Lilia Novillo estaba dada a la tarea de convertir a la justicia en una Unidad Básica. La informatización del Poder Judicial fue un escándalo porque la Lilia contrató de manera directa a la empresa donde su hijo era vicepresidente, pero además la tecnología de a poco fue separando a los abogados, quienes de cruzarse en los bares o en los pasillos de Tribunales, pasaron a trabajar desde la casa o el estudio.


El gobierno hipnotizó a los letrados con el canto de sirena del Tramix, el Iurix y otros engendros por el estilo, con los que les prometió terminar con la mora judicial y la burocracia del expediente papel pero, como para no perder tiempo, se ocupó de manera diligente de reemplazar a jueces, empleados y funcionarios díscolos, por militantes o parientes de estos, quienes a los tres meses obtuvieron estabilidad laboral y comenzaron a pasar carpetas médicas interminables.


En 2011 la jueza Alicia Rodríguez dejó el cargo y denunció amenazas por parte de Lilia Novillo. Rodríguez tenía a cargo la tramitación de las expropiaciones de Estancia Grande, otro escándalo originado en la megalomanía albertista. Rodríguez fue apartada de prepo la presidenta del Superior Tribunal quien le giró la causa al novel abogado convertido en juez, Agustín Ruta.


Ruta, un abogadito recién recibido que en el currículum solo contaba con antecedentes tenísticos, se encargó de firmar todos los fallos que el gobierno necesitaba para limpiar de pobres las agrestes tierras de Estancia Grande. Por esa época era habitual encontrarse en el bar de la esquina con la mesa de café que el juez tenista compartía con Carlos Sergnese. El otro juez de la causa Estancia Grande fue Eduardo Giménez, ladero de la Lilia que en la actualidad está al borde de la jubilación para evitar los más de 10 pedidos de Jury que cuestionan su desempeño.


Estela Aragón, una de las juezas echadas por Carlos Sergnese en 1998 dijo hace poco en una entrevista “El Poder Judicial se terminó en San Luis, no existe más”. Mientras tanto el Colegio de Abogados, como diría Eduardo Galeano en el inicio de las Venas Abiertas, “guardaba un silencio bastante parecido a la estupidez”.


El Colegio de Abogados abandonó las preocupaciones por la defensa de la institucionalidad y se dedicó a recaudar, rosqueando entre cuatro paredes fallos judiciales firmados no importa por quién y ni bajo qué circunstancias. Amigos, novias y parientes integran la Unidad Básica judicial de la que la semana pasada la conducción que busca la reelección se quejó tímidamente y a destiempo. Jueces sin currículum ni experiencia se sientan en los principales sillones de la judicatura a decidir sobre vida y bienes de los judiciables. Una abogadita que se desempeñaba en el Programa Defensa del Consumidor recaló en paracaídas en uno de los Juzgados de Familia, mientras casi todos los que fueron descubiertos luego de firmar la renuncia en blanco se desempeñan como jueces y funcionarios sin que el Colegio de Abogados se dé por enterado.


A la hora de los concursos los empleados tienen privilegios inadmisibles por encima de los abogados, porque con solo presentarse un empleado arranca con tres puntos, cuando un título de abogado solo es premiado con un punto. La actual composición del Superior Tribunal, de innegable militancia oficialista y carente de antecedentes jurídicos, fomentó la modificación de la jurisprudencia y entonces desde hace ya tiempo los jueces para fundamentar fallos solo recurren a la cita de Acordadas Judiciales producidas entre gallos y la medianoche.


El Poder de Policía interno, bien gracias, mientras la mora judicial es un escándalo. Los Secretarios no controlan y basta caminar por los bancos y la peatonal para encontrar a los empleados y funcionarios judiciales haciendo trámites personales a las 10 de la mañana a la vista de todos. Los empleados vagos, lejos de ser castigados, peregrinan de un juzgado a otro hasta que les encuentran un lugarcito apartado de la vista de los curiosos y donde hagan el menor daño posible. Lejos de ser verdad la falta de recursos humanos, la planta de personal en los últimos años creció de manera escandalosa con conchabo asegurado para punteros, amigos y parientes.