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El Adolfo añora los años de la corrupción indiscriminada y quiere una nueva radicación industrial

El ex ministro de Educación, Marcelo Sosa, posteó en su muro de Facebook una proclama de campaña a favor de una nueva ley de Radicación Industrial. Sosa, quien fue el primero de los funcionarios del entonces gobernador Claudio Poggi en comandar un intento de rebelión interna contra las imposiciones de los Rodríguez Saá, ahora está encolumnado detrás del Adolfo, quien agita el imaginario del paraíso perdido (culpa del Alberto) y trata de conseguir votos con el recuerdo de los años de prosperidad y manteca al techo.

El dato curioso es que salió a contestarle Gustavo Thompson, el máximo referente del periodismo border line, quien se encuentra ahora asociado (por plata) al Alberto. El mismo Adolfo Rodríguez Saá acusó a Thompson de organizar campañas sucias con dinero del Estado. Thompson, para descalificar la proclama electoral de Sosa acusó al Adolfo de coimear con la radicación de fábricas (dato por demás sabido y documentado) sin pensar que en la corrupción de los primeros años del adolfismo, el Alberto fue una pieza clave que también se enriqueció de manera obscena y devergonzada con la venta de decretos.

Los Rodríguez Saá llegaron al poder en 1983 siendo unos secos que no tenían donde caerse muertos y en menos de un año compraron la quiebra del Diario de San Luis, empresa a la que acogieron al régimen de promoción industrial para entonces importar, sin pagar impuestos, una mega rotativa con capacidad para imprimir 12 mil ejemplares por hora.

El pobre Thompson es bruto no solo para la ortografía y la gramática, sino que atribuye el régimen de promoción industrial a la dictadura, cuando en realidad el Acta de Reparación Histórica es del año 1974 y fue firmada por el gobernador peronista Elías Adre. Adre consiguió la radicación, la dictadura la implementó y los Rodríguez Saá se llenaron de guita.

Uno de los primeros casos de funcionarios echados por el Alberto a través del Diario fue el ministro de Industria, Miguel Ángel Roca, famoso testaferro del Adolfo que se fue del gabinete sin devolverles un campo de 5 mil hectáreas que los Rodríguez Saá habían escriturado a su nombre. El Alberto echó a Roca alarmado por el crecimiento patrimonial sin permiso del entonces ministro y sus funcionarios.

La ley de radicación industrial beneficiaba a San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, pero el 70 por ciento de las industrias se radicaron en San Luis. El mecanismo utilizado por los Rodríguez Saá fue simple, porque pusieron a todo el equipo del ministerio de industria a dibujar empresas inexistentes para luego reclamar a la nación los beneficios fiscales correspondientes. A medida que aparecían los interesados, estos eran derivados a los estudios jurídicos de Hugo Hissa y de Mario Divizia, entre otros, para que estos les vendieran el decreto correspondiente. Existen dos cámaras ocultas que certifican esta operatoria, una de 1997 pagada por el gobierno de Mendoza y efectuada por el Estudio Moreno Ocampo y la segunda del año 2001 efectuada por Telenoche Investiga.


De acuerdo con las investigaciones contables de la década del 80, solo en 1987 el Estado Nacional dejó de percibir 1200 millones de dólares por la radicación de empresas que instalaban pequeños galpones para facturar en San Luis, pero seguían fabricando en sus lugares de origen. Según esos estudios a causa de la corrupción por los fraudes de la radicación industrial el Estado Nacional entre 1983 y 1993 perdió de recaudar el equivalente a la mitad de la deuda externa que dejó la dictadura.

Empresas truchas que aseguraban que en El Trapiche fabricarían embarcaciones; fábricas que figuraban como radicadas en El Suyuque; empresas que solo se limitaban a cambiar de caja determinados productos para luego reenviarlos a Buenos Aires, galpones con máquinas viejas y obsoletas conformaban las primeras denuncias por la evidente venta de decretos de radicación.


Pero sin dudas uno de los ejemplos más notables de los fraudes cometidos con la radicación industrial fue el Caso Espartaco, una “empresa” montada por un ex empleado de Casa de Gobierno y ex chofer del Obispo Laise que en 1984 recibió un decreto de radicación para instalar una explotación de granito en Potrerillos, departamento San Martín. Miguel Ángel Lucero, tal fue el nombre del empleaducho emprendedor, también recibió un decreto donde el Adolfo declaraba de interés provincial el emprendimiento.

Lucero en 1984 ni siquiera tenía máquinas ni cantera, sino que con esos dos decretos viajó a Italia y obtuvo en tiempo récord un crédito de 20 millones de dólares de un banco ligado al Vaticano. Dame una palanca y moveré el mundo, dijo Arquímedes. La cantera la usurpó a través de una banda de matones armados. Con una parte de los 20 millones Lucero compró maquinarias que llegaron a San Luis en tren y al día siguiente desfilaron de manera triunfal por la ciudad.


Lucero mandó a un grupo de empleados a anotar postulantes en la sede de Espartaco, en España casi Irigoyen, quienes trabajarían en la hipotética cantera. Pero el proyecto se desinfló y las máquinas se esfumaron de San Luis. Cinco años después el Adolfo recibió un reclamo judicial donde un banco alemán, que había comprado la deuda del banco italiano, reclamaba 50 millones de dólares, dado que los avales estaban firmados por funcionarios de gobierno. El Adolfo, que tenía clara la maniobra desde el principio, argumentó que para semejante garantía hacía falta una ley de la legislatura, que los acreedores no tenían.

Después al caso Espartaco le siguieron otros escándalos, como por ejemplo la intentona para la radicación falsa de bodegas mendocinas, quienes para no pagar impuestos intentaron mudar sus sedes a San Luis. Si en 1986 el Tito Roca se había enfrentado con el Secretario de Comercio, Roberto Lavagna (el mismo que ahora quiere ser presidente) por la radicación en San Luis de una algodonera formoseña, por qué los Rodríguez Saá no lo iban a intentar de nuevo.


En 1999 el gobierno de De la Rúa finalmente dio de baja la posibilidad de continuar con la radicación de empresas y si bien las que estaban podían agotar sus cupos fiscales sin ser molestadas, el gobierno de la Alianza fue claro en que no se podrían ni radicar nuevas empresas ni tampoco reasignar cupos. Sin embargo en 2001 apareció Gustavo Cerioni, aquel funcionario de Chela Mazzarino que dijo sin pudores que “El Adolfo es un culiao divino”, sin pensar que lo estaban filmando. Dos años habían pasado de finiquitada la radicación industrial y sin embargo los Rodríguez Saá seguían tratando de vender aquellos decretos de la década del 80 que habían quedado apilados en un armario esperando a que aparecieran compradores necesitados de evadir impuestos.


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