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Denunciaron a Rodríguez Saá y la ministra de Hacienda por el Presupuesto 2019

Legisladores de la oposición formalizaron la presentación de una denuncia en el juzgado de Instrucción N°2 por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público contra el gobernador Alberto Rodríguez Saá; la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur y la jefa de Presupuesto Público, Julieta Ortiz.

La denuncia se realizó por las irregularidades en la presentación del Presupuesto 2019 de más de $31.000 millones a la Legislatura que los diputados consideraron “un cheque en blanco” al gobernador para manejar los fondos provinciales en el próximo año electoral.

El gobierno había enviado el proyecto de ley de presupuesto con un argumento de “imprevisibilidad” del tipo de cambio para hacer le desagregado de los montos de cada ítem. Lo llamativo es que en el presupuesto tampoco figuraban los ítems en que se gastaría, ni los % estimativos. Al mismo tiempo, Alberto Rodríguez Saá acusaba al gobierno nacional de mostrarles el presupuesto 2019 a las provincias mientras en San Luis hizo exactamente lo mismo que criticó a Nación.

Los legisladores esgrimen la violación a normas constitucionales tanto provinciales como nacionales en el proyecto de presupuesto de 6 páginas que llegó al recinto el 30 de agosto y firmaron la denuncia los diputados Gastón Hissa, Alejandro Cacace, Juan Manuel Rigau, Albero Fara, Nancy del Valle Albornoz, Ariel Barroso, Nery Carlomagno, Ramón Díaz, Joaquín Mansilla,  Norma Pastor y Ricardo Lemme.

Los $31.489.395.479 de los que dispondrá el gobierno de aprobarse el presupuesto sin un detallado destino de los recursos, no podrán tener un seguimiento por parte de los legisladores, y obstaculiza todo mecanismo de control público.

La Constitución de la Provincia de San Luis fija en el artículo N°92 que los gastos e inversiones deben figurar detalladamente, y es una de las violaciones que el proyecto presentado comete al, incluso, mostrar una serie de obras sin montos y sin plan de las inversiones de gobierno.

La denuncia de los legisladores, además, busca poner un freno al desborde de manejo discrecional de los fondos públicos que el año pasado dejó un saldo desopilante de violaciones a la normativa y gastos exagerados en publicidad durante la campaña de 2017.