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Denuncian al Gobierno por firmar contratos por $50 millones que se destinarían a la campaña

Diputado del bloque San Luis Unido presentó ayer una denuncia en el Tribunal de Cuentas por la escandalosa suscripción de contratos millonarios por parte del gobierno con fundaciones y empresas afines. El encargado de firmar los pagos es nada más y nada menos, que el condenado Sergio Freixes.

Alejandro Cacace advirtió que la administración de Rodríguez Saá le entregó de manera directa más de 50 millones a Sol Puntano. Los mismos formarían parte del dinero que se utilizará para solventar la campaña del gobernador.

Según justificó el mismo gobierno, el dinero se utilizaría para comprar electrométricos, colchones y chapas. Todos productos de clientelismo político que el oficialismo tiene acostumbrado a poner en marcha en épocas electorales.


De acuerdo a la denuncia del legislador, esas operaciones encubren contrataciones que deben obligatoriamente ser realizadas a través del llamado a licitación pública “evidenciando además una sospechosa urgencia que intenta de modo ilegal aplicar fondos públicos en forma previa” a las elecciones generales del 16 de junio.


En 2017, el Gobierno hizo millonarios desembolsos para atender los gastos de la campaña electoral que tenía a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá en la misma lista, como candidatos a senadores nacionales titular y suplente, respectivamente, por el Frente Unidad Justicialista. El caso emblemático fue el subsidio de $80 millones que salió en tiempo récord del entonces ministerio de Medio Ambiente, Producción y Campo, a cargo Sergio Freixes con destino a la cuenta bancaria de la Fundación Mujeres Puntanas de Gisela Vartalitis.


Abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, fraude en perjuicio del estado provincial, falsedad ideológica y peculado, son los delitos en los que habrían incurrido esta vez los funcionarios de Alberto Rodríguez Saá.


Al Tribunal de Cuentas le pidió que ordene las “medidas necesarias para evitar se consume un daño inminente” al Estado.


Así busca que se envíen en forma inmediata los expedientes “bajo apercibimiento de solicitar su secuestro sin perjuicio de las demás sanciones que pudiere corresponder”.

Hubo otro punto no menos importante que objetó. Apuntó contra el sobreprecio del 5% incluido en la mayoría de los contratos. Otra maniobra histórica del saaísmo, pagar más del monto para después conseguir un retorno.