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Denuncia contra la ministra de Hacienda provincial por extracción compulsiva de fondos privados

Los abogados de Féliz Quiroga Besso presentan denuncia penal por retenciones indebidas realizadas por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos que hizo débitos automáticos anticipadamente de la moratoria del Impuesto Inmobiliaro Rural antes de la fecha de pago provocando perjuicio al titular de la cuenta.

La denuncia incluye a dos funcionarias del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, son Cecilia Badaloni, directora de la DPIP y la ministra de Hacienda Natalia Zavala Chacur.

En los fundamentos de la denuncia los abogados manifestaron que se está ante una clara exacción ilegal, conforme a los artículos 266 y 267 del CP. El artículo en cuestión 266 legisla que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.

El artículo 267 afirma en su texto que “si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años”.

La extracción compulsiva que realiza la DPIP, conocida por no devolver jamás los fondos y solo reconocer las extracciones para debitarlas de futuras obligaciones con la provincia, es una de las herramientas recaudatorias del gobierno provincial, más ahora que los números están en rojo.

Se espera que la iniciativa de Besso provoque una lluvia de demandas similares sobre la administración provincial.