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Cuestionan la externación forzada de pacientes psiquiátricos

La madre de un paciente de Villa Mercedes reactivó el reclamo que durante 25 años involucra al hospital psiquiátrico de San Luis, luego de que en 1993 Jorge Pellegrini dispusiera la expulsión de todos los pacientes internados y prohibiera a través de una ley las internaciones definitivas. Marcela Leyes denunció que “Tengo mi hijo internado desde el viernes y está todo por el juzgado. Él padece esquizofrenia, pero siempre es lo mismo, desde que el gobernador cerró el hospital psiquiátrico. Como no tengo mutual y no tengo para pagar una clínica privada, hace diez días que estoy acá pero lunes o martes le dan el alta y seguimos con lo mismo. Me ha destruido la casa y no tengo como tenerlo, esto me supera. Anoche me golpeó”.

En noviembre de 1994 Jorge Pellegrini, terapeuta de Marita Mazzarino –entonces esposa de Adolfo Rodríguez Saá- fue denunciado por un grupo de legisladores por los delitos de mala praxis médica y homicidio culposo. Pellegrini se había refugiado en San Luis luego de que en 1992 el Círculo Médico de Río Negro lo declarara persona no grata a raíz de la implementación de un sistema de externación de pacientes psiquiátricos que no consistía en otra estrategia que echar a la calle a los pacientes alojados en los hospitales de salud mental e impedirles el regreso.

Pellegrini no solo echó a 102 pacientes de un plumazo, sino que también descabezó a todo el plantel profesional que se opuso a condenar a una muerte segura a un grupo de personas que, luego de vivir largos años dentro del hospital, habían perdido referencias afectivas y familiares.

El primer impacto a nivel mediático fue causado por las primeras muertes horrorosas de pacientes, algunos suicidados, otros en accidentes de tránsito. Era habitual entonces para los profesionales echados por Pellegrini hojear El Diario y encontrar de manera constante las noticias policiales que daban cuenta de nuevos decesos.

Ante la denuncia contra Pellegrini, el adolfismo cerró filas y formó una comisión que determinó en tiempo récord que la tasa de muertes de pacientes no se había incrementado a pesar de la expulsión dispuesta por el terapeuta de la Marita. La especulación que circulaba entonces en los círculos políticos era que el Adolfo bancaba a Pellegrini por temor a que el presunto psiquiatra -quién nunca presentó ni siquiera título de médico- ventilara secretos vinculados al secuestro del gobernador, escándalo ocurrido un año antes.

Ante el estupor por la seguidilla de muertes y ante la imposibilidad de derivar pacientes a clínicas privadas, como sí hizo Pellegrini en Río Negro, el gobierno implementó un sistema que luego derivaría en el Programa Familias Solidarias, personas que se hacían cargo de la atención de pacientes psiquiátricos a cambio del cobro de una suma de dinero que pagaba el Estado.

La aparición de los “hogarcitos” desató otro escándalo porque ante una inspección ocular dispuesta por la fiscal Sonia Fernández, Angélica Cabrera –una puntera del PJ que poseía un geriátrico clandestino en el barrio Rawson- amenazó de muerte a dos periodistas. La noticia aparecida en el diario Clarín el 16 de agosto de 1998 (https://www.clarin.com/…/allanamiento-clinica-clandestina_0…) daba cuenta de que “La Justicia de San Luis allanó una clínica psiquiátrica que funcionaba en forma clandestina y donde estaban alojados siete pacientes. El procedimiento, ordenado por el juez criminal Carlos Varela, se realizó en una casa de la calle Santa Cruz, luego de la denuncia de la Inspección de Farmacias puntana, a través de su área de Fiscalización y Asuntos Profesionales que dirige Martha Petrino.

También se había denunciado a esa clínica en una radio local. Se resaltó que se trata de una casa sin la habilitación correspondiente, donde viven los pacientes en total hacinamiento, con malas condiciones de higiene, sin ventilación ni control profesional. En distintas fuentes provinciales se mencionó que la clínica allanada recibía una subvención del Gobierno de San Luis como parte del sistema de externación de pacientes con problemas mentales que dirige Jorge Pellegrini. Pero en los últimos cuatro años se denunció la muerte de veinte pacientes, la mayoría en estado de abandono. El último caso denunciado fue el de Regina Vega, encontrada muerta en abril. Martha Petrino ya había realizado una inspección a esa casa en octubre del año pasado, cuando todavía había 15 pacientes. En ese momento presentó un informe crítico, señalando el deterioro físico de las personas alojadas. Peor en ese momento, no encontró respuesta”.

Pellegrini permaneció en el cargo y no solo que jamás fue cuestionado judicialmente, sino que como ocurrió con los casos donde los Rodríguez Saá eran denunciados, Pellegrini llegó a vicegobernador. Antes Ricardo “Trochi Mochi” Sánchez había sido impuesto por el Adolfo como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados; Lilia Novillo había pasado de deudora contumaz de los bancos oficiales a integrar el Jurado de Enjuiciamiento y años después el Superior Tribunal, al igual que Carlos Sergnese, uno de los símbolos de la corrupción de los Rodríguez Saá.