• LPSL

Crisis en el ministerio de Seguridad provincial: Un preso muerto y policías pasados a disponibilidad

Dos hechos, uno de ellos una muerte, dejan al descubierto el descontrol policial, la falta de capacitación y la inexistente vocación de preservar la vida y la salud de las personas a cargo del ministerio de Seguridad de la provincia.

En las últimas horas se volvió viral el video del maltrato policial a una mujer con sus facultades mentales alteradas perpetrado en inmediaciones del Puente Blanco.

La mujer que se desplazaba en un taxi se arrojó del mismo y procedió a quitarse sus ropas. La ciudadanía padecería esquizofrenia y la policía de la provincia no está preparada para actuar frente a enfermos mentales y personas con trastornos de la personalidad, por ejemplo no pidieron apoyo al sistema de salud o al hospital neuropsiquiátrico. Una mujer policía la golpeó violentamente para reducirla y por la filmación viralizada el hecho trascendió y fue pasada a disponibilidad por el escándalo.

A pesar de estar evidentemente alterada no presentaba peligrosidad a los policías que ejercieron un exceso de fuerza sobre la misma.

El jefe policial, ex custodia del gobernador Alberto Rodríguez Saá, Fabricio Portela manifestó que “la medida que he tomado es ponerla en disponibilidad a la auxiliar de policía, para que Asuntos Internos de la Policía le de transparencia y claridad al procedimiento realizado”.

Si bien los policías habrían dicho que esta persona intentaba suicidarse y tirarse del puente, el taxista afirmó que nunca quiso tirarse del puente.

Esta semana también trascendió el jueves pasado un interno sin condena y en prisión preventiva desde hace dos meses falleció por abandono de persona al no asistírsele ante un problema de salud y falleció por una neumonía.

La familia de Diego Ernesto Gil de 34 años denunció por abandono de persona y abuso de autoridad al Estado provincial por la muerte del joven a quien se le negó asistencia médica estando bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Gil se encontraba detenido en el pabellón de buena conducta, había ingresado sano al mismo luego de ser detenido pero según la policía en su informe “había ingresado con una enfermedad terminal”. Si así hubiera sido, tanto el Gobierno como la Justicia son responsables de no haber tenido en el hospital a una persona en fase terminal. En realidad, Gil se enfermó dentro de la cárcel, manifestó tener dolor en el pecho, tos y malestar general y la atención médica le fue negada.

Ante la desesperación se autolesionó para que lo trasladaran al hospital pero solo le atendieron las heridas de manera precaria en la penitenciaría y lo castigaron cambiándolo de pabellón. Desde el Servicio Penitenciario negaron la desidia y afirmaron que le habían dado asistencia.

El lunes de la semana pasada, el detenido fue internado en el Hospital de San Luis. A su familia le habían prohibido verlo. El diagnóstico era una neumonía grave con daño en los pulmones y una infección avanzada y falleció el jueves.

El Estado provincial es responsable por la vida y la salud de los detenidos en las áreas del Ministerio de Seguridad. El maltrato a internos y familiares, el abandono de persona, las muertes y suicidios sospechosos dentro del sistema penitenciario de la provincia siguen siendo noticia. Y nada cambia.