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Caso Luna Martínez: Por un fallo judicial el gobierno no indemnizará a la familia Amitrano

El Gobierno de los Rodríguez Saá finalmente no indemnizará a la familia de Domingo Amitrano, el dueño de la quinta donde el 13 de diciembre de 1989 aparecieron asesinados los niños Carlitos Luna y Fernando Martínez. El Procurador General de la Provincia, Fernando Estrada, en 2017 dictaminó el rechazo de la presentación del abogado Rolando Contreras a través de la cual la familia Amitrano reclamaba al Estado una indemnización millonaria como resarcimiento de las torturas sufridas por Domingo Amitrano y sus tres hijos, cuando el juez Nils Luján Mejía acató la orden del Adolfo quien -desde la mesa de Mirta Legrand- mandó a que el juez detuviera al quintero mercedino y sus hijos como responsables del crimen de los dos pequeños. Estrada fundamentó la resolución en el argumento de que el abogado dejó vencer el beneficio de litigar sin gastos al que se habían acogido los Amitrano y luego no pagó la tasa de justicia correspondiente. La historia del caso Luna Martínez se inicia el 13 de diciembre de 1989 cuando dos niños de 10 y 11 años aparecieron asesinados en una quinta de Villa Mercedes.

La instrucción policial sospechosamente calamitosa y una investigación judicial que durante casi tres años no obtuvo resultados, dispararon versiones de todo tenor instaladas por los abogados querellantes y también por los defensores. Una de esas versiones fue la que vinculó los asesinatos con el narcotráfico y surgió apenas ocurrida la masacre de los dos niños. En ese festival de trascendidos en que se transforman los casos policiales cuando se empantanan, el propio Diario de San Luis dos meses después del asesinato, el 10 de febrero de 1990 publicó un recuadro titulado “sobre las sectas y las drogas”.

El recuadro citaba un caso de una mujer que había aparecido asesinada en un baldío cerca del barrio 960 Viviendas donde vivían los dos chicos: “Se nota preocupación por la cantidad de personas extrañas que habitan ese barrio y la situación poco clara de departamentos vacíos o que son usados para espectaculares farras cada tanto”. “Los departamentos vacíos” a los que se refería El Diario eran en su mayoría propiedad de funcionarios o allegados al gobierno, quienes habían acaparado inmuebles construidos por el Estado Provincial y los alquilaban. Por lo visto algunos también los usaban con otros fines.


Las familias de Fernando Luna y Carlitos Martínez ante las irregularidades en la investigación pidieron auxilio al gobierno nacional. Se reunieron con Zulema Yoma y Carlos Menem envió a San Luis a un abogado de nombre Rolando Contreras, que luego fue señalado por la monja Marta Pelloni como agente de la SIDE. La quinta donde aparecieron asesinados los chicos era propiedad de una familia de apellido Amitrano, homónimos del ex ministro y gerenciador de negocios de Rodríguez Saá.


Ante la infausta coincidencia los medios de alcance nacional vincularon a Luis Amitrano como uno de los sospechosos y también señalaron por elevación al Adolfo como encubridor.


Un año después de ocurridos los crímenes y jaqueado ante las recriminaciones por el manejo de la justicia y la policía (más dedicada al espionaje político que a la investigación de delitos) desde la mesa de Mirta Legrand el Adolfo mandó a que el juez encarcelara a Amitrano, no al funcionario y socio suyo, sino al humilde quintero de Villa Mercedes. El Juez Romero Victorica, que compartía la mesa de Mirta con el Adolfo, se puso incómodo ante el exabrupto del gobernador y le recordó que los jueces son un poder independiente y que no pueden recibir órdenes del Poder Ejecutivo. De ese modo el dueño de la quinta donde aparecieron los cadáveres fue preso pero liberado luego por la jueza Ana María Careaga quien dictó la falta de mérito. Ante la falta de resultados y con un costo político creciente, el 12 de marzo de 1992 para despegarse, el Adolfo mandó a que el Superior Tribunal de Justicia dispusiera la aplicación del per sáltum y se abocara de manera directa a la investigación de la causa.


Los ministros puestos por Rodríguez Saá designaron a Luis Argentino Escudero Gauna como juez instructor y el canal estatal mostró amplios tramos de las audiencias. Entre las gravísimas irregularidades de la instrucción policial Eduardo Agúndez, uno de los abogados de las familias Luna y Martínez, citó la falta de la inmediata autopsia de los cuerpos, pericia que recién fue realizada cuando los cadáveres habían sido lavados. El juez Nils Luján Mejía, que luego fue destituido, designó al médico policial Ernesto Moreno Recalde y a Ramón Darnay para que realizaran la tardía autopsia, pero luego Moreno Recalde se adelantó y elevó un informe unilateral que desapareció del juzgado.


La intervención de Moreno Recalde acrecentó las sospechas de encubrimiento policial, más aun cuando los policías que actuaron en la instrucción convencieron a los familiares para que donaran la ropa con la que los niños estaban vestidos la noche en que fueron asesinados y los deudos por desconocimiento, accedieron. Agúndez además mencionó que la División Criminalística de la Policía recibió del juzgado un cordón de las zapatillas de los niños y un trozo de alambre de la quinta de los Amitrano para someterlos a peritaje, elementos que nunca fueron ni peritados ni devueltos.


Por si alguien tiene dudas de que los Rodríguez Saá hacen un uso refinado de la maldad, dos días antes de navidad Escudero Gauna dispuso la prisión preventiva de todos los integrantes varones de la familia Amitrano y el 24 de diciembre fue encarcelado el último de ellos. Desde ese momento el padre, Domigo Amitrano, y sus tres hijos: Jorge, Daniel y Juan Carlos, permanecieron presos durante un año y luego denunciaron torturas brutales. Por los golpes incluso uno de ellos perdió un ojo. También Escudero Gauna detuvo durante siete meses a Aldo y Alejandro Parissi, a quienes acusó como partícipes secundarios del delito de homicidio calificado reiterado. Los Parissi, padre e hijo, habían sido testigos circunstanciales del hallazgo de los cuerpos masacrados y al principio fueron acusados de falso testimonio, pero ante la bajada de línea del Adolfo, el juez los mandó en presos como coautores de los homicidios. Junto con los Amitrano y los Parissi también fue preso durante nueve meses Casimiro Davi, el policía que acompañó a Amitrano de regreso a la quinta cuando fue a la comisaría a avisar que había encontrado dos cadáveres dentro de su propiedad.


El caso Luna Martínez nunca fue esclarecido y en 1999 uno de los detenidos, Aldo Parissi, denunció que los niños fueron asesinados por Ignacio Urteaga, que en 1989 era jefe de policía. En una entrevista televisiva Parissi denunció que Urteaga manejaba una banda de narcos y que un dealer de Villa Mercedes lo quiso estafar con la venta de un kilo de cocaína.


En la acusación Parissi sostenía que cuando Urteaga pidió rendición de cuentas, el dealer dijo que no tenía la droga porque dos niños se la habían robado del auto. Según Parissi, Urteaga mandó a buscar a los niños y asesinó a uno de ellos de un balazo, pero el otro huyó y cuando fue alcanzado el pequeño fue ahorcado con un alambre.


Los Rodríguez Saá necesitaban cerrar el caso Luna Martínez de una buena vez y el 13 de diciembre de 2001, diez días antes de que Rodríguez Saá fuera designado presidente por una semana, el juez Julio César Fernández Triches concluyó que el autor de los asesinatos era el “Tenaza” Escobar, quien al momento de los asesinatos tenía 12 años y que era el testigo clave que siempre se supuso no hablaba por temor. El “Pablito” que apareció en la tapa de El Diario el martes 19 de diciembre de 1989, es el “Tenaza” Escobar, un pibe callejero que fue a buscar a los dos niños asesinados a una canchita donde jugaban al fútbol y se fue con ellos. Miguel Agúndez, quien junto a su hermano fueron los primeros abogados de las familias de los niños, consideró que el fallo de Triches no tenía ningún sustento “Tras la muerte de los chiquitos Pablo Escobar aparece como uno de los primeros investigados y lo que salió a la luz no concatena en absoluto con lo que ahora resolvió el juez. No entiendo cómo pueden aparecer algunas pruebas después de doce años, entiendo que en este proceso de investigación hay un montón de irregularidades.


Pasaron siete jueces en este caso, entonces creo que hay una mano negra y si no fuera así, pretender que un juez que recién asume la magistratura presente esta postura, entonces los que estuvimos en esta causa fuimos unos estúpidos”. Ramón Darnay, el forense que efectuó la primera autopsia a los dos cadáveres dijo que no le cerraba la resolución de Triches, porque “No sé bien en qué se basó para inculpar al joven Pablo Escobar. Este chico que en aquel entonces tenía 12 años, de tener algo que ver sería en calidad de observador o encubridor de quienes mataron a los chicos. Porque hay que tener en cuenta que para cometer este tipo de aberración, en donde primero se tuvo que atrapar a los dos chiquitos, luego inmovilizarlos, matarlos y transportarlos, hizo falta al menos la participación de dos o tres personas mayores según indican las pericias y la lógica también”.


Los Amitrano no solo ya no cobrarán la indemnización por los daños que el Estado les causó, sino que además perdieron la quinta donde aparecieron los cadáveres, predio que les fue rematado porque el abogado Contreras no pagó el alquiler de una casa, locación de la que los Amitrano eran garantes.