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"Cámpora, Serrano & Claveles S.R.L."

El acto del 24 de marzo en Plaza Pringles sigue generando repercusiones, porque ante el estupor inicial por el intento de un sector hoy afín a los Rodríguez Saá de escamotear los cuestionamientos por la carta a Massera y circunscribir el reclamo de memoria, verdad y justicia solo a insultos y diatribas contra el gobierno nacional, se han comenzado a conocer las opiniones de quienes, con autoridad moral, critican a un grupito minúsculo que desde la nada pretende explotar en su propio beneficio una causa noble y dolorosa como es la lucha por el castigo contra los delitos de lesa humanidad.

La Cámpora en San Luis es una pyme política usufructuada por las familias Serrano y Claveles, cuyos integrantes se hicieron nombrar de prepo en el Concejo Deliberante y jamás pisaron un juicio de lesa humanidad. La Cámpora es una franquicia idéntica al Noble Repulgue, cuyo sello de goma es utilizado en paralelo al del Frente para la Victoria, en manos de la familia González Espíndola, quienes sin ascendencia política y territorial, viven cómodamente de la política y se limitan a negociar esos sellitos dos meses antes de cada elección.


Está bárbaro que todo aquel que sienta empatía por las víctimas del terrorismo de Estado se acerque los 24 de marzo a compartir los recuerdos de los familiares y amigos, porque no es saludable que solo tengan derecho a participar aquellas personas que fueron tocadas directamente por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura. Sin embargo, resulta asqueante que un grupito de avivados, que jamás fueron a acompañar a los familiares en los juicios, vayan al acto de la APDH con la única finalidad de cobrarse cuentas pendientes.

Si de autoridad moral se trata a la hora de hablar de lesa humanidad, el actual intendente Enrique Ponce tiene una hermana desaparecida y fue el abogado querellante que consiguió las primeras cinco condenas de la región Cuyo a reclusión perpetua y cárcel común contra cinco genocidas. Norberto Foresti es el otro abogado que en San Luis llevó adelante el segundo juicio por delitos de lesa humanidad pero, al igual que Ponce, ninguno de los dos comulga con el colaboracionismo de Rodríguez Saá que ahora tratan de ocultar La Cámpora y el Frente para la Victoria, alentados desde las sombras por la decana adolfista de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ana María Garraza y por el precario dirigente del Partido Comunista, Juan Larrea.


Durante el acto del domingo pasado fue necesario que Pancho Ledesma, hermano del desaparecido Pedro Valentín Ledesma, se acercara hasta el escenario y le recordara a Mabel Redona que el Alberto en 1978 le había mandado una carta a Massera donde, además de otras dos personas, denunciaba al ex ministro de Gobierno de Elías Adre, Julio Everto Suárez, quien fue asesinado un año después.


Foresti durante la dictadura se pasó 8 años preso y desde la vuelta de la democracia con su trabajo en la APDH fue uno de los primeros impulsores del juzgamiento de los genocidas. Pero ahora resulta entonces que como la pyme de La Cámpora es asalariada de “la pata civil de la dictadura”, se sienten con el derecho de insultar a quienes sí trabajaron durante toda su vida para que los genocidas fueran condenados.


Los dueños de la franquicia local de La Cámpora tratan de olvidarse que fueron ellos en gran medida quienes con este tipo de aberraciones políticas provocaron la derrota del kirchnerismo en 2015 y que las hermanas Serrano junto a Daniel González Espíndola del Frente para la Victoria, en San Luis obtuvieron apenas el 30 por ciento de los votos, en la peor elección de la historia de kirchnerismo en San Luis.


Mientras La Cámpora gracias al kirchnerismo pensaba que la beca jamás se acabaría, sus integrantes en San Luis eran los peores opositores a los Rodríguez Saá y junto a Piri Macagno entonces hicieron de la carta a Massera el principal argumento para hostigar a Rodríguez Saá. Sin embargo en 2015 cuando la beca de repente se acabó y las proteínas comenzaron a escasear, La Cámpora se vendió al Alberto y desde entonces, con la fe de los conversos, se volvieron en los más férreos negacionistas de las relaciones de los Rodríguez Saá con Videla y Massera, a punto tal que en 2018, durante una visita a San Luis por parte de Estela de Carlotto, los propietarios de la franquicia de La Cámpora local acordaron con la emblemática presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo que -ante la obvia pregunta de la prensa- lo más conveniente era dudar de la existencia de la carta a Massera, voltereta política que significó un bochorno nacional.


Los integrantes de La Cámpora no saben ni les importa de qué se trata la carta a Massera y tampoco les preocupan los derechos humanos más allá de la mezquina disputa política contra quienes no se suben a la falacia de que ahora el Alberto no es más fascista y aliado de la UCEDE (con “el fiscalito” Rodríguez como candidato a diputado nacional y con el represor Luis Patti como candidato a Jefe de Gobierno en CABA), sino que se pretenden creerse y hacernos creer que estamos ante la reencarnación misma del Che Guevara.