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Buscan llegar a la Corte Suprema para cobrar la deuda por los fondos de la doble intendencia

El secretario de Gobierno, Francisco Petrino, y el secretario Legal y Técnico del municipio, Ignacio Campos, anunciaron que la gestión de Enrique Ponce buscará llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder cobrar la deuda por los fondos coparticipables que el Gobierno provincial le depositó a la intendencia ilegal de la actual senadora María Angélica Torrontegui. 

Los fondos de coparticipación que de noviembre de 2003 a febrero de 2005 fueron depositados a la intendencia ilegal de “la” Torrontegui fueron alrededor de 30 millones de pesos. Actualizado ese monto, estimó Campos, equivaldría “a un presupuesto anual”, que hoy ronda los 700 millones de pesos.


Durante la gestión de Alicia Lemme se presentó en el proceso judicial y desistió de las acciones llevadas a cabo por la Municipalidad. “Este desistimiento es absolutamente inválido, inexistente y nulo, por cuanto hay una expresa norma que dispone que todos los desistimientos, transacciones o acuerdos judiciales en donde la Municipalidad sea actora, deben ser dispuestos de manera expresa y mediante un decreto del titular del Poder Ejecutivo municipal. Esto no sucedió jamás”, dijo Campos, expresando las razones por las que la gestión de Enrique Ponce sostiene que el reclamo por estos fondos todavía está vigente.

A pesar de que este decreto nunca existió, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis, siempre fiel al oficialismo provincial, ordenó en 2008 el archivo de todo lo actuado por la Municipalidad. La gestión de Enrique Ponce, luego de asumir en 2011, planteó la nulidad del desistimiento llevado a cabo por Lemme, pero el STJ, en julio de este año, no dio lugar a lo planteado por la actual gestión municipal.

A raíz de esto, la Municipalidad interpuso esta semana un recurso extraordinario federal, “a los fines de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la que revise estas decisiones y disponga un pronunciamiento sobre la cuestión”.

Este recurso, como ordena la ley, fue interpuesto ante el STJ local, el cual debe analizar el recurso y, si así lo dispone, lo eleva a la Corte Suprema. En el caso de que el STJ decida no elevarlo, la Municipalidad puede todavía presentar un recurso de queja “por apelación denegada”. “Es decir, que a la máxima instancia nacional se va a arribar por un camino o por el otro”, concluyó Campos.