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Bonadio citó a indagatoria a Mario rovella

El juez federal Claudio Bonadío ordenó esta tarde 101 indagatorias entre las que incluyó la de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la del empresario puntano Mario Rovella. La lista de Bonadío responde a la investigación por la cartelización de la obra pública surgida de las anotaciones en cuadernos efectuadas por el chofer Oscar Centeno. Bonadío citó entre otros a los empresarios Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner y Juan Chediack, como así también a Julio De Vido, Roberto Baratta y el financista Ernesto Clarens.

El nombre de Mario Rovella apareció por primera vez en las investigaciones por coimas en la obra pública en mayo de 2016, cuando el empresario kirchnerista Lázaro Báez le entregó al juez Sebastián Casanello un listado con 36 nombres de empresas constructoras que se beneficiaron con contratos de obra pública.


Luego en septiembre de 2018 el financista Ernesto Clarens, un ex empleado de la empresa Gotti Construcciones y recaudador al servicio de Néstor Kirchner, aportó ante el juez Bonadío una lista de 86 empresas constructoras que pagaron coimas para acceder a contratos de obra pública.


En la lista aparecieron las tres empresas de San Luis que desde 2003 acapararon la casi totalidad de la obra pública provincial y que luego participaron en consorcios para construir obras financiadas por el gobierno nacional: Alquimaq, Green y Rovella Carranza.


Según señaló Clarens, los montos de la coima recaudada oscilaba entre el 4 y el 50 por ciento, con un promedio del 20 por ciento. Según la lista aportada por Ernesto Clarens a Bonadío, Rovella Carranza habría pagado coimas proporcionales a 1200 millones de pesos en obras; Green a 400 millones y Alquimaq a 400 millones.


Mario Rovella, en una entrevista realizada por Hugo Alconada Mon intentó despegarse del escándalo y dijo que Rovella Carranza desde hace cuatro años ya no le pertenece. Desde la detención de Lázaro Báez y ante el escándalo inminente, Rovella Carranza, Green y Alquimaq entraron en proceso de desguace y, si bien en los hechos siguen operando, la intención de los empresarios Rovella, Pascucci y Arroyo es afianzar otros sellos que les permitan continuar, incluso con negocios en otros rubros.


Mario Rovella conserva el 30 por ciento de las acciones de Rovella Carranza, pero a la vez armó Semisa SA y también está dedicado al rubro agroganadero. Carlos Arroyo se estaría enfocando en el rubro hotelero, mientras que Mario Pascucci habría encomendado a sus hijos Adrián y Mauricio la conformación de Vial Minera y Horpas. Los Pascucci también estarían dedicados de desde hace algunos años a la explotación de plantaciones de olivos.


El llamado a indagatoria dispuesto por Bonadío coincide con el misterioso robo ocurrido en las oficinas de San Luis SAPEM, luego del cual la ministra Zavala Xacur reconoció que faltaban documentos. Una semana después del robo el diario La Nación publicó que la extensión de las investigaciones por el caso de los cuadernos “preocupa a directivos y políticos del interior porque el juez Bonadío ordenó allanamientos en 74 constructoras para requerirles la documentación que acredite quienes eran los directivos de esas empresas entre 2013 y 2015”.


“Varios gobernadores e intendentes se pusieron inquietos con los movimientos del tándem que forman Bonadío junto a los fiscales Stornelli y Rívolo. Sucede que muchas de las visitadas son grandes contratistas de la obra pública provincial y, claro está, aportantes para las campañas. El paraguas financiero que entre todas abrieron a los gobiernos locales cruje”.


La Nación realizó un recorrido decreciente en cuanto a la magnitud de las empresas investigadas de acuerdo con la información aportada por las anotaciones de Oscar Centeno y las declaraciones del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y del financista Ernesto Clarens.


“Y por primera vez se escuchó el nombre de Green. Esta empresa es la única que pudo empezar las obras en las concesiones viales que se entregaron mediante el sistema de participación público-privada (PPP). En un consorcio con un grupo chino se hizo de la Ruta 5, que une Luján con Santa Rosa, La Pampa. Green es una de las constructoras más activas del Gobierno de la Ciudad. Tiene a su cargo la construcción de la obra de elevación del tren San Martín y uno de los tramos del Paseo del Bajo, entre otros obradores”, sostuvo La Nación.