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Bonadío investiga a directivos de 71 empresas, entre las que figuran Rovella, Green y Alquimaq

El juez federal Claudio Bonadío envió un listado para que la Inspección General de Justicia informe los nombres que integran los directorios de 71 empresas constructoras, involucradas en la investigación por el pago de coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

En la lista figuran Rovella Carranza, Alquimaq y Green, tres empresas que en San Luis registraron un crecimiento económico llamativo a partir del año 2003, cuando el gobierno de Alberto Rodríguez Saá cartelizó la obra pública a través de la creación de una SAPEM que desde entonces subcontrató de manera directa a esas tres empresas.


Mario Rovella y Alberto Carranza en 1991 conformaron una empresa constructora que acaparó las principales obras de ingeniería civil licitadas por el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, desplazando en 2006 a Gualtieri. En 2002 Rovella y Carranza se separaron y Alberto Carranza interpuso una demanda para que la empresa solo incluyera el nombre de Mario Rovella sin que hasta la fecha la justicia se haya expedido. Existen dos versiones acerca de la ruptura entre los socios, una apunta a un conflicto de tipo personal entre ambos y la segunda sostiene que Alberto Carranza decidió apartarse cuando Adolfo Rodríguez Saá reclamó participar activamente en el direccionamiento de la empresa.

Mario Rovella hace dos meses concedió una breve entrevista al periodista Hugo Alconada Mon y allí reconoció que en 2013 cedió el control de la empresa a un grupo de socios y que solo conserva el 30 por ciento de las acciones. De acuerdo con un documento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de enero de 2017, el directorio de Rovella Carranza está presidido por León Zakalik e integrado por Mario Rovella, Nidia Valeria Arenas y Eduardo Galfre.


La salida paulatina de Mario Rovella obedece a las sucesivas investigaciones que tramitan en la justicia federal y en las que se investiga el pago de coimas cercanas al 20 por ciento para la obtención de contratos de obra pública nacional. Rovella en la actualidad maneja Rovella Agro y conduce SEMISA, una nueva constructora con la que intenta borrar el origen del dinero obtenido en los últimos años.


Rovella es dueño de la distribuidora provincial de energía eléctrica, Edesal, y de la autopartista Crafmsa, también posee Rovella Emprendimientos, una inmobiliaria que construye y administra countries y que desde el año 2000 efectúa gestiones a favor de los intereses de los hermanos Rodríguez Saá, tal como ocurrió cuando el gobierno decidió trasladar el Motoparque Cruz de Piedra al emplazamiento actual del Autódromo Rosendo Hernández.

El predio que ocupaba el Motoparque en la localidad de Las Chacras era una donación con cargo que Rovella negoció con las autoridades del Automóvil Club San Luis. El gobierno a través de Rovella construyó el nuevo autódromo y a cambio en el predio de Cruz de Piedra, Rovella construyó un country.


Luego en 2007 cuando Alberto Rodríguez Saá decidió expropiarles las tierras a pequeños productores de Estancia Grande, Rovella envió emisarios a convencer a los puesteros para que aceptaran la expropiación a cambio de la construcción de un pequeño barrio a orillas del Arroyo Barranquita.


Rovella en los últimos años se transformó en el principal constructor de edificios de departamentos de la ciudad de San Luis y hace tres meses transcendió la noticia de que Rovella Emprendimientos adquirió el predio del Club Luz y Fuerza, uno de los polideportivos tradicionales de San Luis, ubicado en la esquina céntrica de Pringles e Ituzaingó, cuyo funcionamiento estaba paralizado por un litigio judicial.


La última aparición de Rovella en obras vinculadas a Rodríguez Saá fue en 2017 a orillas del Dique La Florida, donde desde 1995 Adolfo Rodríguez Saá intenta construir un country que fue paralizado por la protesta de organizaciones ambientalistas. La construcción original estaba a cargo de Infra y Vimeco, dos de las empresas atribuidas a los Rodríguez Saá en la denuncia interpuesta por Arturo Petrino y Juan José Laborda Ibarra en 1990.


Infra y Vimeco en 1995 construyeron la cuadrícula del country, una planta de tratamiento de efluentes y pavimentaron las calles, pero la obra quedó abandonada y el año pasado fue retomada por Rovella Emprendimientos con el nombre de Refugio del Lago.


Respecto a Green y Alquimaq el origen de ambas empresas no es menos sospechoso, porque Carlos Arroyo, dueño de Green SA, en 1990 era uno de los inspectores de obra de Instituto Provincial de la Vivienda y en 1996 apareció como beneficiario de decretos de promoción turística por una cifra cercana al millón de dólares para la construcción del Hotel Vista. En ese listado de decretos también aparecían las empresas con las que Alberto Rodríguez Saá se transformó en empresario hotelero y también aparecía IPPRA, una empresa destinada al cobro de servicios atribuida a la ex esposa de Adolfo Rodríguez Saá quien luego también intentó incursionar en la explotación de la Revisión Técnica Obligatoria.


En 1997 ante la proliferación de denuncias de corrupción, el Ministerio de Economía de la Nación suspendió el otorgamiento de decretos de promoción turística pero Alberto Rodríguez Saá inauguró  Los Tamarindos, en la localidad de Balde, un emprendimiento montado en base a la Hostería Provincial. El actual gobernador también compró en El Volcán el Hotel del Sindicato Empleados de Comercio y el Hotel Villa Andrea, como así también el hotel Cruz de Piedra.


Rodríguez Saá explotó personalmente los emprendimientos hoteleros que siempre figuraban con la capacidad completa cuando en realidad estaban vacíos, y también reconoció como propios emprendimientos gastronómicos como La Pulpería del Arriero y Los Cedros. Sin embargo estos fueron cerrados de manera repentina y hoy algunos se encuentran alquilados y otros abandonados. El cambio de rumbo en los negocios hoteleros de Rodríguez Saá coincidió con la aparición de hoteles de lujo, algunos de ellos del Grupo Slots, propiedad de Jorge Laffue, catalogado por diputados opositores como “el Cristóbal López de Rodríguez Saá”.


Respecto a Alquimaq, la empresa de la familia Pascucci atraviesa un proceso de desguace similar a Rovella Carranza y Green, porque desde que se dieron a conocer las investigaciones por cohecho en la obra pública, los hijos del fundador de la constructora conformaron Vial Minera y Horpas, mientras que paralelamente se dedican a la explotación de plantaciones de olivos.