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985 millones de pesos debe la provincia al municipio por la “doble intendencia”

Ayer 2 de febrero, el Intendente Enrique Ponce pidió a los concejales que se comprometieran en participar del reclamo de los fondos adeudados y convenios no cumplidos que la Provincia mantiene con la ciudad de San Luis y efectuó. En el marco de su discurso de apertura de las sesiones 2018 del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, la autoridad del Ejecutivo municipal dedicó la última parte del mismo a informar cuales son las deudas y sus montos, las obras que se le deben al municipio y las acciones que está llevando a cabo al respecto.


La deuda de la “doble intendencia"


Sobre la histórica deuda de coparticipación municipal que la provincia entregó a la “municipalidad paralela” ilegal de María Angélica Torrontegui entre noviembre de 2003 y febrero de 2005, Ponce realizó una reseña de los sucesos que llevaron a esa irregular doble administración de la capital, agregando que “durante 15 meses coexistieron en la Ciudad de San Luis, una intendencia legítima y aquella declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual no obstante aquella decisión, el Gobierno de la Provincia le había remitido mensualmente y sin sustento legal los fondos de la coparticipación municipal.”


Aquella instancia llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una presentación del ex intendente Carlos Ponce y el fallo ejemplar se estudia hoy como ejemplo para las autonomías municipales de todo el país. El 24 de febrero de 2005 la sentencia reconoció la autonomía municipal de la Ciudad de San Luis, “declarándose también ilegítima la elección convocada, avalada y materializada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Provinciales.”


Las causas judiciales siguientes orientadas a recuperar los fondos de la ciudad fueron cajoneadas hasta expirar o desestimadas por la Justicia provincial. La gestión de Ponce dispuso una exhaustiva investigación para reiniciar las demandas sobre esos dineros públicos. En marzo de 2017 las nuevas autoridades en el Tribunal Administrativo de Cuentas Municipal constataron la existencia de varias cajas con documentación de aquella municipalidad paralela que nunca habían sido revisadas y simplemente se ocultaron. Todos los documentos fueron sometidos a un análisis detallado por la Secretaría Legal y Técnica del municipio y a partir de ello el intendente ordenó que se realizaran las actuaciones administrativas y judiciales para recuperar los fondos adeudados.


El monto de esa deuda histórica asciende hoy a la suma de $ 985 millones y el reclamo administrativo se realizó el 8 de septiembre de 2017 ante la Fiscalía de Estado del Gobierno de la Provincia que, para no perder la costumbre, lo rechazó. En la actualidad el municipio tramita una nueva acción judicial ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y se espera el dictamen del procurador que se requirió el 6 del mes en curso pero que todavía no tiene respuesta.


El Intendente se explayó sobre este accionar del Tribunal de Cuentas que estuvo bajo autoridades ligadas al Gobierno provincial hasta 2016: “El haber mantenido bajo la esfera de custodia, un cúmulo de documental que debió haber sido analizada y generado una resolución, es mucho más que una abdicación de las funciones de control. Es un ocultamiento que se ha traducido en un perjuicio económico tremendo para la ciudad. Pero además, visibiliza la parcialidad con la que se ha manejado uno de los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, cuya gestión abarca extensos períodos.”


Tres obras de convenio que Provincia no cumplió


Otra de las deudas mencionadas en el discurso fue el incumplimiento por parte del Gobierno de la Provincia del Convenio Marco realizado el 2 de Marzo de 2016 en la que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá se comprometió en anticipar a la ciudad determinados fondos coparticipables durante los próximos cuatro años. Enrique Ponce detalló las tres obras a las que irían destinados esos fondos según el convenio efectuado: mil cuadras de pavimento en distintos barrios de la ciudad; la extensión y puesta en valor de la Avenida Lafinur hasta la Ruta 7 y la conexión del tramo faltante del Corredor Vial por calle Europa desde Av. España hasta Junín.


“Como consecuencia de ello”, expresó el intendente, “se firmó un Convenio Marco que contiene como Adenda Nº 1 el Convenio Específico “Obra Mil Cuadras de Pavimento”; a partir del que, el Gobierno de la Provincia de San Luis, se obligó a materializar la ejecución de mil cuadras de pavimento equivalentes a 700.000 metros cuadrados en el ejido urbano de la Ciudad de San Luis, en un plazo de veinticuatro (24) meses, en los lugares designados de acuerdo a las prioridades definidas por el municipio. A dos años de la firma del convenio, el Gobierno de la Provincia solamente ha ejecutado 600 cuadras de pavimento, es decir, ha cumplido solamente con el 60 % de la obligación asumida.”


También puso a consideración de los concejales la situación actual desde la negativa del gobierno de Alberto Rodríguez Saá de firmar el Pacto Fiscal con Nación que impide se le entreguen a la ciudad 70 millones de pesos correspondientes a este año provenientes del Fondo Federal Solidario o “Fondo de la Soja” para obras.


Ponce dimensionó lo que significan estos fondos para el municipio: “con estas sumas podrían pavimentarse más de 600 cuadras o construirse 30 parques lineales, etc.; obras que a raíz de la situación descripta la ciudad se verá privada de disfrutar.” La Municipalidad ha requerido al Gobierno provincial active todos los mecanismos administrativos y judiciales que correspondan a fin de “garantizar la indemnidad de los derechos de la Ciudad de San Luis y de sus habitantes”, tema sobre el cual desde Terrazas informaron estar trabajando en una acción judicial al respecto pero aún no hay noticias de cuando se efectuará esa presentación.


Los fondos que Nación debe enviar a la Ciudad


Por último informó en qué estado se encuentran las gestiones con Nación por diferentes obras, algunas de las cuales por la inflación y la variación de precios de materiales, han requerido las empresas participantes de las licitaciones una redeterminación de precios como es el caso de la obra del Centro de Prevención Local de Adicciones, situación a la que debemos agregar como la mora en las remesas pertinentes para viviendas -100 de ellas podrían terminarse con fondos obtenidos a través de crédito previa autorización del Concejo a través de un convenio 7/3 con Nación-, y liberación de fondos para el equipamiento del Hogar de Mujeres Víctimas de Violencia que mientras se espera, el municipio ya tramitó la compra del equipamiento con fondos propios


Como reflexión final recalcó el correcto trato institucional que la Intendencia mantiene con Provincia y Nación para generar obras y proyectos beneficiosos para la Ciudad y afirmó que “existen demandas y necesidades de nuestra comunidad que deben ser atendidas y resueltas con urgencia, que no pueden depender de plazos administrativos o cuestiones políticas; por ello es que, en cumplimiento de las obligaciones legal, ética y moralmente impuestas, siempre vamos a reclamar en búsqueda de la protección cabal y eficaz de los derechos de la ciudad.”