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35 años de impunidad: la corrupción de los Rodríguez Saá

La malversación de fondos públicos, los negocios espurios, el manejo discrecional de la Justicia y del Estado provincial que hace el gobierno feudal de la provincia de San Luis ha escrito miles de páginas.

Ha tenido causas y tiene causas en la Justicia, a fuerza de mantener la sociedad en la pobreza y manipulándola con migajas a través de planes sociales y sin empleo real han conseguido dar vuelta elecciones y mantenerse en el poder, y así sostener su impunidad.

El último gran desfalco a las arcas provinciales fue la campaña electoral de 2017 que le era muy esquiva a Adolfo Rodríguez Saá y perdió en las PASO. Haciendo uso y abuso de los dineros de los puntanos lograron dar vuelta la elección en la general aprovechándose de la desocupación y los salarios paupérrimos provinciales. Dejaron la provincia con un rojo en sus cuentas, cuadruplicaron los gastos de publicidad mientras recortaron Educación y Salud y le regalaron 80 millones de los puntanos a la fundación creada en tiempo récord de la esposa de Adolfo, Gisela Vartalitis, para que repartiera electrodomésticos y otros artículos en la campaña de su marido. El subsidio no reintegrable ya tiene una denuncia y una causa en la Justicia.


Tal es el grado de impunidad con el que han avanzado siempre estos señores feudales que Adolfo Rodríguez Saá figura incluso como uno de los fundadores de la entidad que recibió los 80 millones de pesos del gobierno de su hermano.


Según el acta constitutiva de la Fundación Mujeres Puntanas, también fueron designadas autoridades de la entidad Liliana Bartolucci, quien fue ministra provincial hasta 2016, y María Agustina Gatto, hija de la actual secretaria de Vivienda del distrito.


Sin embargo, como si se estuviera riendo de todos, Adolfo Rodríguez Saá sigue presentando declaraciones juradas en las que no tiene ninguna propiedad a su nombre, dice que solo posee $3.949.312, que tiene nada más que dos autos y el dinero que gana con sus empresas Payné, Las Aguilas y Cafulcurá.


En síntesis, el Adolfo le está diciendo a la ciudadanía que solo es dueño del equivalente en dinero a dos viviendas sociales de barrio.


El diario La Nación recordó en una nota que “en San Luis se demora la realización de obras vitales, se anuncia la expropiación de las fábricas que cierren, se pretende cobrar peaje cada vez que ingresen al distrito personas que no pertenecen a él, se erigen monumentos costosísimos que terminan cayendo en el más absoluto abandono, se impulsan ridículos movimientos independentistas, se triplican obras innecesarias como la inauguración del tercer autódromo provincial, se crea un pueblo cultural y se inventa un municipio por decreto, la Fundación de la esposa del senador no resultó la excepción: recibió el dinero en cuestión en tiempo récord y sin la menor objeción de parte de las autoridades con las que comparte lazos familiares.”


Con la causa sobre las renuncias anticipadas de los jueces a punto de marcar inicio del juicio donde está procesado el actual ministro Freixes, se ha marcado una página vergonzosa a nivel nacional que demuestra la subordinación del Poder Judicial de la provincia.


Han esquivado la Justicia Federal en las causas por enriquecimiento ilícito aunque es imposible que puedan demostrar cómo obtuvieron de buena fe la millonaria fortuna y empresas que manejan hoy. Cuando asumió en octubre de 1983, Adolfo Rodríguez Saá era propietario de un Renault 6, una multicarga y una vivienda comprada con un crédito hipotecario, según consta en las causas. Hoy se mofa con impunidad del pueblo puntano y se construyó una mansión en Potrero exhibiendo obscenamente su riqueza mal habida.

Junto a su hermano Alberto y a través de una red de testaferros manejan empresas agrícola ganaderas, inmobiliarias, energéticas, financieras, hoteleras, gastronómicas, medios de comunicación, agencias de publicidad, importadoras, etc.


Con la Promoción Industrial y un aceitado mecanismo de cobro de coimas para agilizar trámites comenzaron a manejar una fortuna que agrandaron con la coima y sobreprecios en la obra pública. Solo los que aceptaran ser socios y compartir el dinero de las licitaciones con la “corona” recibirían obras. Así fue como se enriquecieron con su séquito y pusieron un pie en todas las constructoras y en nuevos negocios.


Mientras hacen obras faraónicas que les permiten mayor rentabilidad y negocios, el pueblo es cada vez más pobre y los sueldos más bajos.


Crearon a la medida de sus intereses leyes para quedarse con tierras fiscales y construir hoteles sin pagar impuestos. Nacía el Adolfo ganadero y sojero que se llenó de hectáreas y el hermano empresario hotelero que se apropió de todos los hoteles y hosterías que quiso. Algunos campos fueron obtenidos con presiones y patotas y otros con topadora como ocurrió en Estancia Grande.


El lavado de dinero a través de casas de juego, casinos, y empresas fantasmas tiene una ingeniería contable para evadir todo control. Cuando la AFIP pretendía realizar operativos en las empresas de la familia gobernante, siempre se enteraban antes a través de la red de inteligencia que crearon con las instituciones provinciales que en vez de resolver los casos como el Luna Martínez o el de Nelson Madaff estaban ocupados en espiar opositores.


En San Luis hay una máquina tragamonedas por cada 177 habitantes, y la empresa Slots Machines dueña del casino New York, Golden y las salas de juego de la provincia es de estrecha relación con los hermanos feudales, al punto de que los diputados oficialistas nunca aprueban que le suban los impuestos al juego en la provincia.


Adolfo Rodríguez vio el negocio de las financieras y privatizó el Banco Provincia (hoy Supervielle-Banex) que era de todos los puntanos y puso su gente a manejarlo. Este negocio fagocitó además al Banco Regional de Cuyo. Lo mismo hizo con la empresa de energía eléctrica SESLEP, hoy EDESAL que ya directamente es suya manejada a través de uno de los más sospechados de ser sus testaferros: Rovella y Carranza, quienes también están sospechados por el fiscal Delgado de estar vinculados a José López en el reparto de obra pública nacional a cambio de coimas.


A partir de las privatizaciones de las empresas de los puntanos trabaron relaciones con el EXXEL Group y otros grupos financieros y de negocios. El más reciente es el que le dio un ministro y un bróker en los hermanos Tomasevich.


Mientras se volvían millonarios se llegó a conocer que San Luis se había convertido en un corredor para pasar drogas, con pistas en las que no hay aviones comerciales de línea y que tendrían otro uso, y, dicen los memoriosos, que por eso fue que el Adolfo sacó a la Gendarmería Nacional de la provincia. De la evasión, lavado y drogas todos coinciden que resultó al amistad de Alberto con Carlos Ahumada Kurz, un oscuro empresario de México que desembarcó al club de fútbol Estudiantes y recibió millones de pesos del Gobierno provincial.


Una figura política que los ayudó a crear la doble contabilidad y la especulación para evadir impuestos y controles es Adelina Dalesio de Viola. La menemista trabaja con otro ex funcionario de Menem, Manzano, y eran socios del cubano anticastrista Jorge Mas Canosa. A través de SERTRIB S.A., una consultora radicada en San Luis desde 2005, prestaba servicios tributarios, fiscales y financieros. La ex funcionaria enfrenta dos causas en la Justicia: una por sobresueldos y otra por enriquecimiento ilícito, igual que la de sus amigos.

Otro político con el que los Rodríguez Saá hicieron negocios es Duhalde. Hicieron desembarcar la empresa de Gualtieri, la UTE Merco Vial S. A., conocido testaferro del bonaerense, que en San Luis terminó en escándalo nacional cuando Alberto le sacó la obra de dos diques y se las dio al doble de costo -285 millones- a las de sus operadores de confianza y que es un secreto a voces que son manejadas por él mismo.

35 años impunes y enriquecidos a costa de un pueblo cada vez más pobre.